Las organizaciones de víctimas elevaron una solicitud ante la Jurisdicción Especial Para la Paz, JEP, para que se ordenen medidas de protección sobre el Canal del Dique. Argumentaron que allí puede haber cuerpos de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado, teniendo en cuenta además que en ese lugar se pretende adelantar algunas obras para restaurar ecosistemas, las organizaciones señalaron que dichas obras no pueden afectar los derechos de las víctimas.
En ese sentido, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP le ordenó a la vicefiscal Martha Janeth Mancera que, en el término de dos meses elabore un plan de acción para superar la impunidad en la región del Canal del Dique que incluya las graves violaciones a los derechos humanos, en especial las desapariciones forzadas, por parte de grupos armados ilegales, agentes del Estado y civiles.
Sin embargo, la Unidad de Búsqueda y las víctimas entregaron su opinión sobre el documento que envió la Fiscalía, las organizaciones y la Unidad determinaron que a dicho plan aún le faltaban algunas claridades, la JEP evaluó el documento y las observaciones de las víctimas y le hizo un llamado de atención a la Fiscalía.
"El documento remitido por la FGN carece de todo ello; tal propuesta se limita a enlistar una serie de actividades propias del ejercicio de sus competencias sin que las mismas partan de un diagnóstico suficiente, sin que se detallen los alcances de estas ni los objetivos que con ellas se persiguen. Preocupa que no se contemplen mecanismos de participación efectiva de los peticionarios, de las víctimas en general y de sus comunidades. Esta inquietud se exacerba, ante las quejas manifestadas por la Ruta del Cimarronaje en reunión de seguimiento", señaló la JEP.
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Ante esto, la Sección de Ausencia de Reconocimiento le dio tres meses a la vicefiscal Mancera para que entregue un plan ajustado con las observaciones de las organizaciones, la Unidad de Búsqueda y la misma JEP. Este nuevo plan deberá tener un diagnóstico estructural de los fenómenos criminales que pretenden judicializarse, los objetivos que se persiguen, las fases del plan, los mecanismos de participación de las víctimas, entre otros.
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