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La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres personas señaladas de participar en el asesinato y desaparición de ocho integrantes de una comunidad religiosa en zona rural de Calamar, Guaviare. Entre los procesados se encuentran dos presuntos cabecillas del frente Armando Ríos de las disidencias de las Farc y una funcionaria pública que habría facilitado información clave para la ejecución del crimen.
Los acusados fueron identificados como Miller Leonardo Garrafa, alias Miller; Jorge Eliécer Ávila, alias Yucape; y Angie Liseth Jaramillo Arias, conocida como La Crespa. De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, los tres habrían cumplido distintos roles en la planeación y ejecución del crimen perpetrado el 4 de abril de 2025, cuando las víctimas fueron retenidas, asesinadas y enterradas en una fosa común.
Según los elementos probatorios, Garrafa Neira, señalado como cabecilla del frente Armando Ríos, ordenó citar a los líderes religiosos bajo el pretexto de aclarar una supuesta intención de crear una red del ELN en Guaviare. La acusación se sustentaba únicamente en que los religiosos provenían de Arauca.
Los líderes acudieron al encuentro, donde fueron retenidos por hombres armados, trasladados a la fuerza hasta una zona selvática conocida como Cofre, en inmediaciones del río Itilla, y asesinados con armas de fuego. Posteriormente, los cuerpos fueron sepultados en una fosa común y se eliminaron sus pertenencias para evitar su identificación.
Por su parte, alias Yucape habría sido el encargado de custodiar a las víctimas y coordinar el grupo armado que brindó seguridad durante la acción criminal, además de amenazar a la población local para impedir que denunciara lo ocurrido o informara a las autoridades.
Mientras tanto, Angie Liseth Jaramillo Arias, quien se desempeñaba como secretaria en la Personería de Calamar, habría suministrado información sobre el lugar de residencia de las víctimas y los movimientos de la Fuerza Pública, con el fin de facilitar la operación de los disidentes. La Fiscalía cuenta con evidencia que la vincula directamente con el frente Armando Ríos, al que habría proporcionado datos estratégicos sobre operativos militares en la zona durante el año actual, cobrando 30 millones de pesos y quedando pendientes 12 millones por entregar.
El director Especializado contra las Organizaciones Criminales, Andrés Escobar, aseguró que:
"La funcionaria era la secretaria de la Personería Municipal de Calamar, tenía información privilegiada respecto a operaciones de la Fuerza Pública, toda vez que nosotros nos asociamos con las personerías en algunas actividades judiciales como representante del Ministerio Público, y con esta información que ella adquiría se la transmitía a la organización, quienes con esos datos lograban ubicar los componentes militares y facilitar sus operativos".
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Los tres procesados fueron imputados por concierto para delinquir agravado, desaparición forzada, homicidio agravado y porte ilegal de armas de uso privativo. Ninguno aceptó los cargos.
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