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El abogado Francisco Bernate, quien lidera la defensa del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles de Cajicá en el caso de la niña Valeria Afanador, emitió su respuesta tras la solicitud de la familia para investigar a la rectora y dos docentes.
Cabe recordar que la familia está pidiendo una imputación del delito de homicidio agravado en modalidad de dolo al considerar que existieron omisiones graves de quienes tenían a la menor bajo su custodia institucional.
Valeria estuvo desaparecida durante 17 días y fue hallada sin vida el 29 de agosto del 2025 en inmediaciones de la institución. En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que la niña sale por una de las rejas cuando estaban en el periodo de descanso.
Sin embargo, para Bernate, aunque respetan la decisión, no la consideran pertinente jurídicamente.
“Las autoridades tienen conocimiento de que el colegio es permanentemente visitado, inspeccionado y vigilado, encontrando que el colegio cumplía y cumple con toda la normativa en materia de seguridad”, dijo.
El abogado defendió los roles y organización de la institución, información que se ha suministrado a lo largo de la investigación.
“Al interior de la institución hay roles y tareas definidas para el cuidado y la supervisión de los menores por personas capacitadas y competentes para eso. Tanto al momento de la merienda como en el lugar donde ellos realizan el recreo, de manera que en la rectora había delegado en personas competentes estas funciones, no estaba como cualquier rector del colegio pendiente de lo que ocurra en el jardín o en dónde están tomando la merienda”, añadió Bernate.
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Y es que en el documento presentado por el abogado Julián Quintana, que acompaña a la familia de Afanador, se reseña que el 12 de agosto de 2025 Valeria Afanador se encontraba dentro del establecimiento educativo, durante horario ordinario de clases, sin que existiera recreo ni actividad pedagógica externa autorizada.
Pese a ello, la menor salió del aula “sin control efectivo”, permaneció fuera del ámbito de protección escolar y quedó expuesta a un riesgo grave que, según la solicitud, terminó materializándose en su muerte. Para la representación de víctimas, este resultado “no fue fortuito ni imprevisible”, pues de las pruebas recaudadas se desprenden omisiones estructurales y reiteradas.
La solicitud individualiza responsabilidades. En primer lugar, se señala a Sonia Ochoa, rectora del plantel, en su condición de máxima autoridad institucional. Según el escrito, omitió garantizar un sistema efectivo de custodia, vigilancia y control, tolerando fallas graves en los protocolos de protección de los estudiantes, falencias que ,afirma la defensa, eran de su total conocimiento. En segundo término, se cuestiona la conducta de Emely Viviana Fuentes Hernández, docente de la menor, por incumplir sus deberes funcionales de vigilancia y permitir la salida de Valeria del aula sin activar oportunamente los mecanismos de protección exigibles
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