“Dolor, superación y gloria, historias silenciosas de una guerra no escuchada” es el informe que llegó este martes a laJEP, en el que se presentan casos y denuncias de miembros de la fuerza pública que han sido víctimas de artefactos explosivos por parte de la extinta guerrilla de las FARC, entre los años 1998 y 2016.
Baruh Vargas trabajaba en la estación de Policía de Santa Rosalía, Vichada. En el año 2000, llevaba 4 años en la institución y se encontraba realizando labores de seguridad cerca de las instalaciones cuando pisó un artefacto explosivo.
“En el momento que levanté la pierna explotó el artefacto, causándome inmediatamente la pérdida de la pierna derecha. Los demás compañeros me auxiliaron, pero al comienzo hubo temor porque no se sabía si había más artefactos”, dijo.
Según el informe, entre el año 2012 y 2020 se registraron 253 víctimas de la Policía por artefactos explosivos, mientras que en el Ejército el registro es de 1.873 personas y la Armada de 294. Es por esto que Baruh insiste en la necesidad de que la JEP abra el macrocaso donde se investigue los crímenes cometidos contra la fuerza pública por parte de las FARC.
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“Realmente siente uno que la vida se derrumba, que todo lo que usted había pensado para su vida cambia drásticamente y el futuro es incierto, si usted con todos sus miembros a veces no tiene oportunidades, pero uno así en esa situación de discapacidad es muy complicado”, añadió.
Baruh actualmente es entrenador en deporte paralímpico y apoya a las personas en situación de discapacidad que quieren ser atletas. En este informe presentado ante la JEP, la fuerza pública alerta que los grupos ilegales siguen utilizando los artefactos explosivos de manera sistemática.
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