Por decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia se ha ordenado el arresto por cinco días del director de la Dian Luis Llinás y otros directivos, además de multas de cinco salarios mínimos vigentes para cada uno, por el incumplimiento reiterado de una orden judicial de nombrar a aspirantes que superaron un concurso de méritos y se encuentran en listas de elegibles.
La orden, emitida por un juzgado el pasado martes 19 de agosto, fue enviada a la Policía Metropolitana de Bogotá, aunque hasta la mañana del 21 de agosto, los arrestos no se habían materializado.
El caso, que ya transita por una segunda instancia judicial, ha escalado al punto de la ejecución de sanciones por desacato, una de las últimas fases en este tipo de procesos.
Julián Jiménez, abogado y miembro de la lista de elegibles para "gestor primero, operación aduanera", es el accionante detrás de esta acción de tutela. En diálogo con Mañanas Blu, entregó detalles de la acción judicial.
El derecho al nombramiento por mérito
La controversia se origina en la omisión de la Dian de nombrar a personal que, como Julián Jiménez, superó un concurso de méritos y figura en las listas de elegibles. Jiménez explicó el fundamento de su acción: "todos los que nos encontramos en una lista de elegibles es porque pasamos el concurso, es decir, cumplimos los requisitos para acceder al cargo".
El problema surgió cuando la Dian, a pesar de una expansión significativa de su planta de personal en 2023, con más de 10.000 nuevos cargos autorizados por el Congreso, no utilizó estas listas para proveer las vacantes.
Según Jiménez, la institución "la Dian omitió en su momento reportar la cantidad suficiente de vacantes que tenían y de ahí se deriva la tutela". Los accionantes acudieron a la justicia, presentando pruebas contundentes de la existencia de vacantes suficientes y de su derecho al nombramiento, amparados por la normativa interna de la Dian y la ley general de carrera administrativa. "Demostramos que había vacantes suficientes y que la norma de la misma Dian y la norma general de carrera administrativa nos da el derecho a ser nombrados," afirmó Jiménez.
Desacato y sanciones por incumplimiento
La justicia inicialmente falló a favor de los accionantes. La Dian apeló la decisión, pero el Tribunal Administrativo ratificó el fallo, ordenando los nombramientos el 9 de junio de este año. Sin embargo, la entidad no cumplió con esta orden judicial, lo que llevó a la apertura de un incidente de desacato.
Jiménez relató la cronología de los hechos: "el juez nos da la razón, eh la Diana pela y aún así, digamos, pierde el juez del tribunal, los magistrados nos dan la razón, les ordenan que efectivamente pues nos nombren en los cargos que están vacantes, pero no cumplen con la orden. Orden que se dio el 9 de junio de este año. No cumplen con la orden. Entonces nosotros abrimos un incidente de desacato, requieren para que ellos hagan el cumplimiento, pero no cumplen. Y por eso es que llegamos a esta etapa que digamos es la última etapa que tú puedes llegar a un desacato y es que se ejecute la sanción".
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