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La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria y decretó la suspensión provisional del interventor de Coosalud EPS, Alexander Mesa Romero, en el marco de un proceso relacionado con la vigilancia administrativa sobre la entidad de salud intervenida por el Gobierno nacional.
De acuerdo con un auto fechado el 12 de marzo de 2026 en Bogotá, el proceso disciplinario también involucra a Mauricio Camaro F., Gloria Libia Polanía A., Carlos Eduardo Franco M., Julio César Piñeros C, quienes se desempeñaban como agentes interventores de Coosalud EPS S.A.S.
Según el documento oficial, la actuación se fundamenta en las competencias otorgadas a la Procuraduría por el Decreto Ley 1851 de 2021, que modificó el artículo 25 del Decreto Ley 262 de 2000, así como por disposiciones contenidas en la Resolución 377 de 2022 del organismo de control.
El auto señala que el despacho procedió a adoptar decisiones frente a las diligencias disciplinarias con el propósito de establecer si hubo posibles incumplimientos en el ejercicio de las funciones de los interventores designados en la EPS.
La investigación se originó a partir de una noticia disciplinaria trasladada el 4 de febrero de 2026 por la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social.
Ese traslado incluyó informes técnicos, jurídicos y financieros relacionados con varias Entidades Promotoras de Salud intervenidas por el Gobierno nacional, con el objetivo de que fueran evaluados posibles incumplimientos de los agentes interventores y otros responsables.
En el caso específico de Coosalud, el análisis se basa en el informe denominado “Visita administrativa y de control de gestión a Coosalud EPS”, elaborado tras una diligencia realizada el 14 de agosto de 2025 en la entidad.
Posteriormente, el documento fue ampliado en enero de 2026, como parte de las acciones de seguimiento frente a la situación del sistema de salud y la gestión administrativa de la EPS.
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La Procuraduría explicó que la visita administrativa se realizó en medio de la crisis que atraviesa el sistema general de seguridad social en salud, especialmente en las entidades que han sido objeto de intervención estatal.
A partir de los hallazgos consignados en los informes revisados por el organismo de control, el despacho consideró necesario iniciar una investigación disciplinaria formal y adoptar medidas preventivas mientras se avanza en el esclarecimiento de los hechos.
Dentro de las decisiones adoptadas, la Procuraduría decretó la suspensión provisional de los funcionarios investigados, una medida que se aplica de manera preventiva mientras se desarrolla la investigación disciplinaria.
El organismo señaló que el objetivo de esta decisión es garantizar el correcto desarrollo del proceso y evitar posibles interferencias en la investigación, mientras se determinan las responsabilidades disciplinarias que puedan derivarse de los hechos analizados.
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Con la apertura de esta investigación, la Procuraduría continuará recopilando información y evaluando los elementos técnicos, jurídicos y financieros relacionados con la gestión de la intervención en Coosalud EPS. El proceso disciplinario determinará si existieron faltas en el cumplimiento de las funciones asignadas a los agentes interventores.
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