El deterioro de la infraestructura de la institución educativa Manuela Beltrán, en el municipio de El Playón, Santander, mantiene en alerta a padres de familia y autoridades de control. Grietas en las paredes, pisos fracturados, filtraciones de agua en los salones y muros con riesgo de colapso han convertido el plantel en un peligro para cerca de 300 estudiantes.
Ante esta situación, varios padres decidieron no enviar a sus hijos a clases para evitar una posible tragedia, mientras insisten en que las entidades responsables atiendan de manera urgente el problema.
“En cualquier momento se puede presentar una falla, un cortocircuito, con nuestros niños estudiando ahí. ¿Qué podemos hacer nosotros desde la casa frente a eso?”, cuestionó Erick Suárez, padre de familia.
Una madre de familia señaló que desde hace meses han intentado llamar la atención de las autoridades mediante solicitudes formales, sin obtener respuestas.
“Hemos pasado cartas, derechos de petición, hemos gestionado y nadie nos quiere dar respuesta. Yo me pregunto: ¿tenemos que esperar que pase una tragedia para que nos escuchen?”, manifestó.
Durante una visita de seguimiento, la Contraloría evidenció graves deficiencias en la infraestructura del plantel, entre ellas muros en riesgo de colapso y problemas en las redes eléctricas.
“El colegio tiene grandes deficiencias en materia de infraestructura: muros a punto de caerse, suelos rotos y totalmente fracturados”, señaló Andrey Rodríguez, contralor delegado para la educación.
La situación resulta aún más preocupante porque desde 2024 existe una sentencia de la Corte Constitucional que ordena a varias entidades nacionales y departamentales presentar soluciones para mejorar las condiciones del colegio o reubicar temporalmente a los estudiantes.
Según explicó el contralor delegado, la decisión judicial involucra al Ministerio de Educación, al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), a la Secretaría de Educación municipal de El Playón y a la Secretaría de Educación de Santander, que deben definir medidas para garantizar la continuidad del servicio educativo.
“La sentencia obliga a estas entidades a presentar soluciones para que la situación del colegio se resuelva. Hoy en día incluso se ha interrumpido la prestación del servicio educativo y del Programa de Alimentación Escolar”, indicó Rodríguez.
La Contraloría anunció que continuará con el seguimiento a este caso para que las entidades responsables adopten medidas urgentes que permitan garantizar condiciones seguras para los estudiantes y evitar que la crisis de infraestructura afecte su derecho a la educación.
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