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En concepto enviado a la Corte Constitucional, el Ministerio Público pidió tumbar el Decreto de Ley 896 de 2017 que crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) por fallas de procedimiento.
Según el procurador Fernando Carrillo, en el concepto hace falta la firma del Ministerio de Agricultura, “a través de este programa se coordinan autoridades del orden nacional y territorial, así como las acciones de las comunidades, en beneficio de familias campesinas, bajo condiciones de seguridad, concertación, planeación y formalización de la propiedad, por el cual, era requerida la firma del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural como integrante del Gobierno Nacional”, señala el documento.
Agrega que va dirigido “a una nueva explotación económica y ambientalmente sostenible para su auto sostenimiento; empleando mecanismos interinstitucionales y participativos de planeación conjunta, que por su naturaleza repercute sobre el uso y la propiedad de la tierra, como un componente de la Reforma Rural”.
Finalmente, insiste en que el programa tiene que ver directamente con el desarrollo rural, razón por la que debe participar el Ministerio de Agricultura.
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