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En la tarde de este lunes 26 de enero, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Bogotá se reunirá para resolver el conflicto de reparto que se ha presentado en la apelación contra la medida de aseguramiento impuesta a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, privados de la libertad por su presunta participación en el entramado de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías. La situación se produjo luego de que el magistrado Ramiro Riaño también manifestara que no es competente para conocer el recurso.
En esta nueva sesión, los magistrados deberán definir a qué despacho se le asigna la apelación o si el asunto se resuelve mediante un nuevo reparto, con el fin de destrabar el trámite judicial. El debate se enmarca en la aplicación de la Ley 2477 de 2025, que introdujo cambios en el conocimiento de las apelaciones de medidas de aseguramiento contra aforados, como ocurre en el caso de los exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro.
La Sala de Gobierno está integrada por el presidente y el vicepresidente del Tribunal Superior de Bogotá, así como por los presidentes de la Sala Penal, la Sala Laboral, la Sala Civil y la Sala de Familia, quienes deberán fijar una hoja de ruta clara para la aplicación de la nueva ley y definir el despacho competente en este caso concreto.
El conflicto surgió luego de que la magistrada Catalina Guerrero Rosas declarara la falta de competencia para conocer la apelación presentada por las defensas de Bonilla y Velasco, y ordenara trasladar el expediente a otro magistrado del Tribunal.
Sin embargo, una vez recibió el expediente, el magistrado Ramiro Riaño también concluyó que no es competente para decidir la apelación, lo que generó el actual conflicto de reparto que ahora deberá resolver la Sala de Gobierno. Entre tanto, la apelación presentada por los abogados de los exministros busca revocar la decisión que los envió a prisión, para que puedan afrontar el proceso en libertad mientras se surte el juicio que deberá adelantarse ante la Corte Suprema de Justicia.
La definición que adopte el Tribunal será clave no solo para el futuro inmediato de los exfuncionarios, sino también para sentar un precedente sobre la forma en que se aplicará la Ley 2477 de 2025 en los procesos contra aforados, en medio de uno de los escándalos de corrupción más sensibles que enfrenta actualmente el Gobierno.
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