Pablo Bustos, abogado y en representación de la Red de Veedurías, le está pidiendo al Consejo de Estado a través de una demanda que declare la pérdida de investidura de 9 congresistas por su presunta vinculación en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).
La demanda fue interpuesta en contra de los senadores Martha Peralta, Berenice Bedoya, Julio Elías Chagüi, Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo, así como de los representantes Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Loreto Gómez.
Según Pablo Bustos, los congresistas habrían incurrido en las causales de tráfico de influencias y violación del régimen de incompatibilidades.
Otro de los argumentos es que varios de los parlamentarios habrían gestionado o exigido contratos y cargos burocráticos en la UNGRD a cambio de respaldar iniciativas del Gobierno nacional en el Congreso, entre ellas reformas clave y la aprobación de operaciones de crédito público.
Los hechos se sustentan, en parte, en declaraciones rendidas ante la Fiscalía por el exdirector de la UNGRD Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla, quienes señalaron presuntos acuerdos irregulares para direccionar contratos por millonarios montos en distintas regiones del país.
El documento también advierte que varios de los congresistas ya son investigados por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por la presunta comisión de los delitos de cohecho impropio, y que algunos de estos procesos se apoyan en principios de oportunidad y preacuerdos suscritos con exfuncionarios del Gobierno.
El alto tribunal deberá determinar si admite o no para su estudio esta demanda que busca la “muerte política” de los parlamentarios.
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