El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá se declaró impedido para tomar la decisión sobre si precluye o no la investigación contra la juez de paloquemao que le dio la libertad a dos miembros de la Primera Línea, y quien fue denunciada por la Procuraduría, porque no tenía la competencia para haber otorgado esas libertades. El magistrado argumentó que en diciembre emitió una opinión sobre la juez, razón por la cual no puede pronunciarse sobre el caso.
“Como presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados, en diferentes medios de comunicación y en entrevistas señalé el inconveniente para una democracia, que un procurador denuncie a jueces porque toman una decisión que no está de acuerdo con su interés personal. Lo señalé igualmente en otros escenarios periodísticos, como por ejemplo, El Tiempo, cuando se dijo de mi parte que ha habido presiones de lado y lado en liberaciones de Primera Línea y de acuerdo a ello, Corjusticia señala que no es posible con esa ley (2272 de 2022) que se obligue al sistema judicial a dejar en libertad a las personas”, argumentó el magistrado durante la audiencia.
Esta audiencia se da porque la Fiscalía pidió precluir el caso de la juez Lilyan Jhoana Bastidas, coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao en Bogotá, quien ordenó la libertad de integrantes de Primera Línea, luego de que la Procuraduría anunciara que la juez coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotáno tenía competencia para ordenarlas.
“En ese sentido, reitera que la juez coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá solo tiene competencia para repartir las solicitudes de libertad y cumplir una orden, en ese sentido, que le entregue un juez de control de garantías. Solo a falta absoluta de este, podría entrar a suplirlo”, añadió la Procuraduría.
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Luego de la denuncia de la Procuraduría, la Fiscalía pidió la preclusión, es decir que se cerrara la investigación contra la juez por “atipicidad del hecho investigado”, es decir, que su proceder no se configura como un acto delictivo. Por lo tanto, la investigación determinó que no existieron extralimitaciones de funciones ni “decisiones de escritorio arbitrarias” como lo denunció la Procuraduría.
La juez Bastidas es investigada por prevaricato, por acción y abuso de función pública, por haber otorgado la libertad a Santiago Márquez y Adriana Bermeo, dos integrantes de la denominada Primera Línea y los primeros en ser nombrados por el Gobierno nacional como voceros de paz.
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