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La Corte Suprema le hizo llegar a la Corte Constitucional un concepto en el que le dice que si llegara a tumbar el sistema inquisitivo (en el que un mismo funcionario acusa y juzga) podría haber impunidad a la hora de procesar a los aforados políticos, porque, “podría operar el fenómeno de la prescripción de la acción penal derivada de los delitos de juzgamiento, por el periodo comprendido entre 2022 y 2025 , la prescripción operaría para 33 delitos de los que son juzgados en esta sala”, precisó la Corte Suprema.
Esto en medio de un estudio que está en manos de la Corte Constitucional, acerca de si se debe cambiar la manera en que se juzga a los aforados constitucionales.
La discusión que debe resolver la Corte es acerca de qué modelo judicial se debe aplicar en el país para investigar a los congresistas y aforados constitucionales.
Actualmente el modelo que se usa se conoce como el inquisitivo (Ley 600 de 2000), el cual consiste en que la Corte Suprema de Justicia es el mismo investigador y juez de ese grupo de personas, además la audiencia es reservada y luego pasa a ser formal cuando se llama a indagatoria.
Si ese modelo se cambia, ese grupo de ciudadanos podría ser juzgado bajo el actual sistema penal acusatorio, por el cual se juzga a cualquier persona (Ley 906 de 2004), la que usa la Fiscalía, con imputación de cargos y audiencia de acusación.
Para la Corte Suprema, este cambio de juzgamiento también acarrearía una serie de problemas estructurales, algunos de los cuales deben ser resueltos por vía legislativa, aun por reforma constitucional, ajustes normativos y logísticos que demandarían tiempo.
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Además, precisó que se hicieron menos jornadas de audiencias con la Ley 600 de 2000.
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