Tribunal de Bogotá niega tutela de Colombia Humana contra sanción del CNE por campaña Petro
La tutela fue presentada por el movimiento político con el argumento de que durante el proceso se vulneraron derechos fundamentales.
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La Sala Séptima del Tribunal Superior de Bogotá negó la acción de tutela interpuesta por el partido Colombia Humana, con la que esa colectividad buscaba dejar sin efectos la sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral a los directivos de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, por presuntas irregularidades y violación de los topes de financiación electoral.
La tutela fue presentada por el movimiento político fundado por el hoy presidente de la República, con el argumento de que durante el proceso administrativo sancionatorio se habrían vulnerado derechos fundamentales como el debido proceso, el principio de legalidad, así como los derechos políticos y a la igualdad de participación.
Sin embargo, tras analizar los argumentos y las pruebas aportadas, el Tribunal Superior de Bogotá decidió denegar las pretensiones de la tutela. Para los magistrados, no se acreditó uno de los requisitos esenciales para que proceda este mecanismo excepcional, el cual es la existencia de un perjuicio irremediable.
En su decisión, el Tribunal señaló que “aún existan otros mecanismos tendientes a solucionar la afectación a los derechos que se reclaman o, incluso, cuando ejercidos éstos, se encuentra pendiente su resolución, torna el auxilio constitucional en prematuro”.
La Sala también fue enfática en que los efectos económicos derivados de las sanciones impuestas por el CNE no justifican, por sí solos, la intervención del juez de tutela. “El presunto perjuicio irremediable que se aduce por los efectos económicos de las multas impuestas a los partidos políticos involucrados debe probarse y sustentarse ante el juez administrativo que conozca de la acción de nulidad del acto controvertido”, precisó el Tribunal.
En esa línea, los magistrados concluyeron que la tutela no puede desplazar a la jurisdicción contencioso administrativa, que es la autoridad competente para estudiar de fondo la legalidad de las decisiones del Consejo Nacional Electoral.