Estados Unidos destaca avances de la JEP

El Gobierno de Estados Unidos, liderado por Joe Biden, emitió el reporte anual sobre la situación de derechos humanos, en el informe se menciona que en Colombia todavía existen problemas para garantizar y proteger los derechos humanos de sus ciudadanos, pero se destacan las actuaciones estatales para responder en estos casos.Específicamente, la administración de Biden se refirió al trabajo que viene ejecutando la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.“El gobierno tomó medidas para investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, aunque en algunos casos continuaron sufriendo largas demoras”, dice el informe.Entre las cuestiones importantes de derechos humanos se incluyen: informes de homicidios ilegítimos o arbitrarios; informes de torturas y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad gubernamentales y grupos armados ilegales; violación y abuso de mujeres y niños, así como el reclutamiento ilegal de niños por parte de grupos armados ilegales; penalización de la difamación; corrupción generalizada; violencia y desplazamiento forzado de afrocolombianos e indígenas; violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e intersexuales; trabajo infantil, y asesinatos y otros actos de violencia contra sindicalistas.Agrega que continuaron operando grupos armados ilegales, incluidos disidentes de las Farc, el ELN y bandas de narcotraficantes.“Los grupos armados ilegales, así como los narcotraficantes, fueron perpetradores importantes de abusos contra los derechos humanos y delitos violentos y cometieron actos de ejecuciones extrajudiciales e ilegales, extorsión y otros abusos, como secuestros, torturas, trata de personas, atentados con bombas, restricciones a la libertad de movimiento, violencia sexual, reclutamiento y uso de niños soldados y amenazas de violencia contra periodistas, mujeres y defensores de derechos humanos. El gobierno investigó estas acciones y procesó a los responsables en la medida de lo posible”, dicen.Uno de los puntos habla sobre, “la interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad, la familia, el hogar o la correspondencia” y asegura que las ONG acusaron a las entidades nacionales de inteligencia de espiar a abogados y defensores de los derechos humanos.Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, detención arbitraría, procedimientos de detención y tratamiento de detenidos y abusos en conflictos internos son otros de los puntos que se mencionaron en el informe.