Un audio compartido a través de la aplicación de mensajería WhatsApp le costó la libertad a Marggie Orozco, una médica que fue sentenciada a 30 años de prisión.
La profesional de la salud, detenida en plena crisis postelectoral venezolana, recibió la pena máxima por los delitos de “traición, incitación al odio y conspiración”, luego de que un integrante de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) la denunciara ante las autoridades.
La prueba clave fue un mensaje de voz en el que criticaba duramente al Gobierno de Nicolás Maduro y pedía participar en las elecciones de 2024, señaladas como fraudulentas por diferentes países.
Orozco fue capturada el 5 de agosto de 2024 en San Juan de Colón, estado Táchira, tras difundirse el audio en el que expresaba, con la voz entrecortada, la angustia que vivía como médica en medio de la escasez:
No sé hasta cuándo vamos a tener que seguir soportando esta dictadura de Maduro que nos está matando de hambre a todos los venezolanos. ¡Dios mío! Ya no hay comida, no hay medicinas, cada día es más difícil y uno siente que nadie escucha; por favor, que alguien haga algo
Este es el audio por el que fue condenada Marggie Orozco
El 14 de noviembre, la jueza de juicio Luz Dary Moreno formalizó la condena y ordenó su traslado al anexo femenino del Centro Penitenciario de Occidente, en Santa Ana del Táchira, donde deberá cumplir los 30 años de cárcel.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado su preocupación por las condiciones de salud de la médica. Según oenegés como Provea y Justicia, Encuentro y Perdón, Orozco ha sufrido dos infartos en los últimos dos años, el más reciente en septiembre de 2024, un mes después de su detención.
Además, padece depresión crónica por la muerte de dos de sus hijos: uno durante un intento de atraco y otro en un accidente. Aunque fue llevada brevemente a un centro asistencial, denuncian que volvió a la prisión sin recibir la atención médica necesaria.
“Este fallo busca meter miedo para que la gente no opine”, aseguró Marino Alvarado, director de Provea, al cuestionar la sentencia.
Su caso ocurre en un ambiente de represión marcado por la polémica reelección de Maduro, que dejó más de 2.400 detenidos durante las protestas. Tras esos disturbios, el gobierno incluso llamó a sus simpatizantes a denunciar a opositores —a quienes califican de “fascistas”— mediante una aplicación estatal usada para asignar bonos y alimentos subsidiados.
Mientras la familia de Orozco teme por su vida dentro del penal, su historia se suma a la larga lista de denuncias por persecución política en Venezuela.