A juicio Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez por chuzadas

Blu Radio tuvo acceso al escrito de acusación de 26 páginas, en el que la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusó al exsecretario jurídico de la Presidencia, Edmundo Del Castillo y al exsecretario de Prensa de la Casa de Nariño, César Mauricio Velásquez, por concierto para delinquir y otros delitos. Para la Fiscalía es claro que hubo un “acuerdo ilícito entre miembros del Gobierno Nacional y funcionarios del DAS, cuyo fin primordial fue desprestigiar o desacreditar a altos funcionarios del Estado, concretamente a integrantes de la Corte Suprema de Justicia, congresistas, periodistas y en general opositores del Gobierno a quienes se catalogó y trató como “blancos políticos”. (Vea además: Edmundo del Castillo dice que desconocía que se iba a reunir con un paramilitar). El documento de la Fiscalía, radicado en los juzgados de Paloquemao, relata lo sucedido en un desayuno llevado a cabo el 12 de Septiembre de 2007 en el Club Metropolitan entre el secretario general de Álvaro Uribe, Bernardo Moreno y la directora del DAS, María del Pilar Hurtado. En ese desayuno, según los investigadores, Moreno transmitió a Hurtado, condenada por este escándalo, para que mantuviera informado al alto Gobierno sobre cuatro aspectos específicos: la Corte Suprema de Justicia, la exsenadora Piedad Córdoba, el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronell. Para la Fiscalía, César Mauricio Velásquez y Edmundo Del Castillo “conocieron y participaron en las ilícitas actividades ejecutadas por los organismos de inteligencia del Estado y contribuyeron de manera efectiva en la consecución del propósito criminal”. Luego señalan que Velásquez y Del Castillo “fueron receptores o consumidores de la información recaudada por el DAS, la UIAF y algunos particulares y además intervinieron en su posterior divulgación”. Igualmente, el fiscal del caso señala que los actos cometidos por César Mauricio Velásquez y Edmundo Del Castillo, “claramente desbordaba sus funciones y atribuciones legales y reglamentarias”. En el documento, la Fiscalía hace un recuento del choque institucional desde 2006 entre el presidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema de Justicia por las decisiones en contra de congresistas presuntamente vinculados con el paramilitarismo. (Lea también: Fiscalía imputa cargos a Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez). Se recuerda el ‘Plan Escalera’ en el que se instalaron grabadoras en la Sala Plena de la Corte y se reclutaron fuentes humanas para obtener información de los procesos que allí cursaban, “información que era de interés para el Gobierno Nacional”. En el ‘Plan Escalera’ entra en escena Alba Luz Flórez Gélvez, la famosa ‘Mata Hari’ del DAS que reclutó fuentes adentro de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de averiguar sobre los procesos contra el expresidente del Senado Mario Uribe Escobar, primo del expresidente Álvaro Uribe y contra la exsenadora Piedad Córdoba. Posteriormente recuerda el caso ‘Paseo’, en el que la UIAF y el DAS recopilan información sobre un viaje Bogotá – Neiva de varios magistrados a un homenaje al expresidente de la Corte Suprema Yesid Ramírez, con el fin de vincularlos con Ascencio Reyes, empresario que en algún momento fue cuestionado por supuestos nexos con el narcotráfico y posteriormente al fallecido narcotraficante italiano Giorgio Sale, famoso por sus restaurantes y por sus nexos con Salvatore Mancuso. En este caso, la Fiscalía señala que el 21 de Abril de 2008, el entonces Secretario de Prensa de la Presidencia, César Mauricio Velásquez convocó a la directora del DAS a una reunión en la Casa de Nariño para conocer la información obtenida sobre Ascencio Reyes. Luego recuerda que el 24 de Abril de 2008 se llevó a cabo en la Presidencia de la República otra reunión convocada por el Secretario General a la que asistieron entre otros el Senador José Obdulio Gaviria y el entonces secretario jurídico Edmundo Del Castillo en la que se analizaron los seguimientos del DAS y de la UIAF a los magistrados que habían viajado a Neiva. Dice el expediente que en esa reunión, “el secretario jurídico de Presidencia Edmundo Del Castillo confirmó la identificación de José María Ortiz, alias “Chepe Ortiz” y entregó documentación sobre su extradición. La Fiscalía concluye que Edmundo Del Castillo y César Mauricio Velásquez “conocieron las actividades desarrolladas por los organismos de inteligencia del Estado para acopiar información financiera, privada y semiprivada de los magistrados de la Corte Suprema y de otras altas corporaciones”. Adicionalmente dice que ellos dos “requirieron los resultados de esas averiguaciones, recibieron parte de la información recaudada por los organismos de inteligencia estatal y además participaron en la divulgación o filtración a medios de comunicación con el ánimo de desprestigiar a los funcionarios judiciales ante la opinión pública”. Posteriormente se menciona el caso Tasmania que también involucra al DAS, y que tendría como fin el desprestigio del jefe investigador de la “parapolítica”, Iván Velásquez. En el escrito de acusación también se hace referencia al ingreso de Antonio López, alias ‘Job’, exparamilitar, a la Casa de Nariño por el sótano con el fin de crear montajes contra la Corte Suprema de Justicia. Según la Fiscalía, Diego Álvarez, abogado de alias ‘Don Berna’ y Edmundo Del Castillo, “acordaron realizar grabaciones ocultas o clandestinas, supuestamente para preconstituir pruebas sobre ofrecimientos indebidos provenientes de la Corte Suprema”. Uno de los hechos más graves que relata la Fiscalía es que las grabaciones que hacía ilegalmente el abogado Diego Álvarez, “eran remitidos a la Presidencia de la República, con destino, entre otros, al entonces Secretario Jurídico Edmundo Del Castillo”. Agrega que grabaciones hechas a exparamilitares como Pablo Hernán Sierra o Rafael García, eran remitidas al entonces Secretario Jurídico de Presidencia, Edmundo Del Castillo. Posteriormente se hace referencia a reuniones convocadas por Edmundo Del Castillo con presencia de personajes investigados por nexos con paramilitares como el exgobernador del Cauca Juan José Chaux y alias ‘Job’, con el fin de definir estrategias para hacer las grabaciones ilegales. El expediente narra el ingreso de alias ‘Job’ a la Casa de Nariño el 23 de Abril de 2008, luego de que Edmundo Del Castillo hubiera convocado a la entonces subdirectora de operaciones del DAS, Martha Leal, a los abogados encartados y al entonces Secretario de Prensa de Presidencia César Mauricio Velásquez. Luego hacen un recuento del espionaje y desprestigio a la excongresista Yidis Medina, quien denunció que había sido comprada para votar a favor de la reelección del expresidente Álvaro Uribe y que salpica a Edmundo Del Castillo y a Sergio González. Edmundo del Castillo Se llama a juicio “por requerir el recaudo de información relacionada con el máximo tribunal de la justicia ordinaria y la citada exparlamentaria (Yidis Medina) sin motivo legítimo, participar directamente en su recolección, recibir documentos o datos recopilados e intervenir en la entrega para ser publicados a través de medios de comunicación, con el propósito de desacreditar ante la opinión pública a las autoridades judiciales y a la exparlamentaria citada”. César Mauricio Velásquez Los actos desarrollados para “obtención y difusión furtiva de información” principalmente sobre la Corte Suprema de Justicia y la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina, “no hacían parte ni guardaban relación con las funciones y competencias discernidas al cargo que desempeñaba”. Agrega que “el exsecretario de Prensa de la Presidencia de la República se habría valido de la autoridad que ostentaba para que servidores públicos de otras entidades del Estado y algunos particulares desarrollaran actividades ilegales con el fin de beneficiar intereses ajenos a la función pública”. La Fiscalía concluye diciendo que César Mauricio Velásquez recibió documentos o datos recopilados para luego “intervenir en su entrega a algunos medios de comunicación para que fuera conocida por la opinión pública y afectar negativamente la imagen de estas personas”. Sergio González Se le acusa de concertarse con servidores públicos y particulares para cometer delitos en contra de integrantes de la Corte Suprema de Justicia y la excongresista Yidis Medina. Adicionalmente dice la Fiscalía que “se puede afirmar con probabilidad de verdad que participó en la grabación no autorizada de comunicaciones privadas y diligencias judiciales practicadas por la Corte Suprema de Justicia, en actuaciones que tenían reserva legal”. También se le acusa por hacer montajes y difusión de información falsa contra funcionarios de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y en el montaje con el fin de desprestigiar a Yidis Medina. Diego Álvarez Participó en la grabación no autorizada de comunicaciones privadas y diligencias judiciales practicadas por la Corte Suprema de Justicia en actuaciones que tenían reserva y en la “realización de montajes y difusión de información falsa para desacreditar funcionarios de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia”.