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Colombia recuerda esta semana los 40 años de la toma del Palacio de Justicia, un hecho que aún deja profundas heridas y mantiene vivo el debate sobre las responsabilidades del M-19 y de la fuerza pública en aquella tragedia que dejó 94 personas muertas —entre ellas once magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado— y un número todavía indeterminado de desaparecidos.
El 6 de noviembre de 1985, poco antes del mediodía, 35 guerrilleros del M-19 irrumpieron en el Palacio de Justicia con el propósito de exigir el cumplimiento de los acuerdos de paz de 1984 y realizar un juicio simbólico al entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986). La acción desencadenó una violenta confrontación en el corazón de Bogotá que se extendió durante 28 horas y culminó con el edificio reducido a cenizas tras un incendio que se prolongó durante la noche.
“El 6 y 7 de noviembre de 1985, Colombia renunció a la palabra y permitió que las armas, en su feroz e irracional intercambio, reemplazaran el Estado de derecho y los valores ciudadanos esenciales”, señaló la Comisión de la Verdad en su informe de 2010, creado para investigar los hechos de aquella tragedia que marcó la historia del país.
Ese día, la Sala Constitucional de la Corte Suprema tenía previsto debatir el tratado de extradición con Estados Unidos. El magistrado ponente, Manuel Gaona Cruz, había recibido amenazas de muerte de los narcotraficantes, y diversos testimonios apuntan a que la operación del M-19 habría sido financiada por Pablo Escobar.
En diálogo con Mañanas Blu, Carlos Medellín, hijo del magistrado Carlos Medellín, quien fue asesinado en la toma del Palacio de Justicia, entregó detalles de cómo él y su familia vivió el holocausto del cual fue víctima su papá.
Contó que los hechos se dieron cuando él estaba junto a su hermano en París, estudiando una especialización; fueron horas angustiosas; y pese a que en un principio llamaron a las familias a la calma, con el pasar de las horas la situación se tornó más difícil. La limitación en la comunicación tampoco los dejaba estar enterados minuto a minuto de lo que se estaba desarrollando en la Bogotá de 1985.
Finalmente, junto a su hermano, decidieron viajar a Bogotá; a su regreso, familia e integrantes de la Universidad Externado de Colombia, los recibieron con la noticia que todos los funcionarios del Palacio habían muerto, habían sido asesinados.
Medellín que se ha encargado de estar cerca del caso, aseguró que los directamente responsables de la toma del Palacio de Justicia, sin embargo, la reacción desproporcionada de las fuerzas militares y policiales causaron el holocausto.
Medellín relata el horror que las familias sintieron al escuchar a Reyes, uno de los magistrados, pedir un cese al fuego por los medios de comunicación, afirmando que estaban en fuego cruzado, amarrados y secuestrados por el M-19. La retoma militar fue rápida y urgente, con tanquetas y helicópteros, liderada por el coronel Luis Alfonso Plazas Vega. La orden impartida era retomar el Palacio y "dar de baja a los guerrilleros" con toda la fuerza posible, sin el temor de que la toma se alargara.
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Una prueba clave en las demandas que condujeron a la condena del Estado por el exceso en el operativo militar y la ausencia de vigilancia fue la evidencia de que días antes se había
El Palacio de Justicia era una obra inconclusa que solo tenía dos entradas (la principal en la Plaza de Bolívar y la de la Carrera Octava). Una vez que los guerrilleros cerraron la puerta principal, todos quedaron encerrados. Esta configuración facilitó la retoma, descrita por el Consejo de Estado y la opinión pública como un operativo con "un exceso de fuerza y de una manera absurda, sin ninguna consideración por la vida de los civiles inocentes". Medellín enfáticamente rechaza la tesis de que se salvó la democracia a costa de la vida de los magistrados.
Medellín confirma que, el magistrado Manuel Gaona, quien se encontraba en el cuarto piso, fue asesinado por el M-19. En un momento trágico, Almarales disparó contra Gaona y otros magistrados en el baño del tercer piso, donde se habían refugiado junto a otros rehenes. El Gaona se había negado a salir, temiendo ser asesinado si lo hacía.
Medellín desmiente categóricamente las versiones que sugieren que Gaona fue sacado con vida y asesinado por el Ejército, calificándolas de "absolutamente falso". Testigos presenciales y el informe de la Comisión de la Verdad coinciden en que "A Gaona lo mata Almarales".
Según el análisis de Medellín, la toma fue resultado de la confluencia de varias causas, aunque el supuesto "juicio" al presidente era una distracción. La relación con el narcotráfico es "evidente". La toma ocurrió justo cuando la Sala Constitucional comenzaba a discutir la ponencia de Gaona sobre el tratado de extradición, el cual buscaba salvar dicho tratado. Pablo Escobar era uno de los principales beneficiarios del desastre.
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El juez 30 de instrucción criminal determinó que los autores intelectuales fueron miembros de la cúpula del M-19, incluyendo a Carlos Pizarro, Antonio Navarro, Vera Grave, Otty Patiño y Rosenber Pavón, y que fueron impulsados y posiblemente financiados por el narcotráfico y Pablo Escobar. La planificación de la toma fue extensa, desmintiendo que fuera una idea espontánea de los comandantes operativos Otero o Almarales.
Escuche aquí la entrevista:
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