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Colombia conmemora el 40 aniversario de la toma guerrillera del Palacio de Justicia con las heridas aún abiertas y un debate sobre la responsabilidad del M-19 y de la fuerza pública en ese episodio sangriento que terminó con 94 muertos, entre ellos once magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, y un número por establecer de desaparecidos.
El 6 de noviembre de 1985, minutos antes del mediodía, 35 guerrilleros del M-19 se tomaron el Palacio de Justicia para exigir el cumplimiento de los acuerdos de paz de 1984 y hacer un juicio al presidente Belisario Betancur (1982-1986), lo que desató una batalla en pleno centro de Bogotá que se prolongó por 28 horas al cabo de las cuales el interior del edificio, consumido durante la noche por un incendio, quedó reducido a cenizas.
"El 6 y el 7 de noviembre de 1985, Colombia renunció a la palabra y dejó que las armas, en su feroz e irracional intercambio, reemplazaran el Estado de derecho y los valores ciudadanos esenciales", señaló el informe publicado en 2010 por la Comisión de la Verdad, creada para investigar esa tragedia que marcó la historia política colombiana.
El día de la toma, la Sala Constitucional de la Corte Suprema iba a debatir el tratado de extradición con Estados Unidos, razón por la cual el magistrado ponente, Manuel Gaona Cruz, había recibido amenazas de muerte de los narcotraficantes y hay testimonios que indican que la acción del M-19 fue financiada por Pablo Escobar.
Cuarenta años después, el país homenajeará a las víctimas del Palacio de Justicia, cuya sede, reconstruida años después, lleva el nombre de Alfonso Reyes Echandía, el presidente de la Corte Suprema asesinado en la toma y cuyo clamor "Que cese el fuego", en las primeras horas del sangriento ataque, no fue atendido por quienes debían escucharlo, pero aún resuena en la memoria colectiva.
La conmemoración ha estado marcada por la polémica sobre los relatos de lo sucedido, en la cual ha intervenido incluso el presidente Gustavo Petro, quien hizo parte del M-19 y tiene su visión particular de la operación, cuestionada por familiares de las víctimas que consideran que esa guerrilla, que firmó la paz con el Gobierno en 1990, es responsable directa de la tragedia.
"Desde el día uno hubo una manipulación de la información o incluso una censura a la información, y después, pasado el tiempo, ha habido abuso en la memoria de los dos actores que empuñaron las armas", dijo en una entrevista Helena Urán Bidegain, cuyo padre, Carlos Horacio Urán, magistrado auxiliar del Consejo de Estado, salió vivo del palacio, fue desaparecido por agentes del Estado y apareció asesinado al día siguiente.
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Urán Bidegain respondió así a unas afirmaciones de Petro, quien dijo en X que "el magistrado Urán era amigo de (Andrés) Almarales", uno de los jefes guerrilleros en la toma del Palacio de Justicia.
Petro se pronunció luego de que el jurista y académico Mauricio Gaona recordara que su padre, el magistrado Gaona Cruz, fue asesinado por el M-19, aunque haya relatos que quieren "borrar" ese crimen.
"El asesinato de Manuel Gaona Cruz a manos del M-19 fue un crimen de lesa humanidad. Hoy, lo quieren justificar y borrar", escribió en X Gaona, mientras Petro insiste en otra versión, basada en relatos de supuestos testigos que dicen que Almarales dejó salir a los civiles que tenían retenidos, argumento que en su momento fue rechazado por la Comisión de la Verdad por considerarlo "completamente infundado y contrario a las pruebas directas".
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Los actos conmemorativos incluyen la apertura este miércoles de la instalación artística 'Sintiendo la memoria' en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, y el jueves por la noche, en la fachada de la sede judicial, se hará la proyección de mapping 'El Palacio cobra vida', un gesto de esperanza y memoria.
El homenaje central será el viernes 7 cuando el Poder Judicial en pleno, distanciado de Petro, celebrará un acto solemne en memoria de las víctimas y para reclamar una verdad completa.
"No se ha contado la verdad histórica y se ha querido deformar la historia de lo ocurrido. La toma del Palacio no fue una acción genial, sino una acción demencial, un acto terrorista, según lo calificaron varias sentencias del Consejo de Estado", señaló ayer el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez.
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