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Por cuarta vez consecutiva, los excomandantes de las antiguas FARC-EP buscan que se aplace la audiencia de verificación en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), esta vez acudiendo a una acción de tutela.
Alegan que la justicia transicional está desconociendo sus derechos al cambiar las reglas del juego a última hora.
La audiencia, que hace parte del macrocaso 01, estaba prevista para verificar si los exlíderes guerrilleros dijeron toda la verdad sobre los secuestros cometidos durante el conflicto.
Sin embargo, los comparecientes aseguran que el tribunal está pidiendo explicaciones nuevas sobre hechos ya cerrados, e incluso está añadiendo delitos que nunca se les imputaron formalmente.
En el centro de esta nueva pelea jurídica está el Auto 004 de 2025, una decisión del Tribunal para la Paz que, según los comparecientes, introduce la calificación de “esclavitud” como un crimen cometido por las Farc, sin que haya pruebas nuevas ni reconocimientos de su parte sobre ese tema. Ellos argumentan que nunca trataron a los secuestrados como propiedad, como lo exige la definición internacional de ese delito.
Por eso, piden a los jueces de la JEP que suspendan los efectos de ese auto, mientras se estudia de fondo su tutela. En el documento, sostienen que el proceso está viciado, que se están violando sus garantías procesales y que los están obligando a reconocer hechos que no habían sido discutidos antes.
Con esta solicitud, los excomandantes pretenden frenar la audiencia de verificación, que ya ha sido aplazada en tres ocasiones anteriores. Temen que si esta vez se lleva a cabo, quedará en firme una decisión que consideran injusta y que podría llevar a sanciones más severas.
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Este nuevo capítulo muestra las tensiones dentro del sistema de justicia transicional: mientras las víctimas exigen verdad completa, los comparecientes insisten en que ya cumplieron con su parte y que no se les pueden cambiar las condiciones a última hora.
Ahora será la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz la que deberá decidir si les da la razón y, con ello, aplaza por cuarta vez la audiencia que marcaría el cierre de esta etapa del caso.
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