Esta historia arrancó el 12 de julio de 2013, cuando la Dirección de Reclutamiento y Reserva del Ejército contrató a la Unión Temporal ‘Netintelecto’ para que implementaran la plataforma Fénix, la cual se utiliza para definir la situación militar en Colombia.
Dicha UT estaba conformada por una sociedad, la cual fue contratada el 7 de octubre de 2014 para prestar servicios de soporte técnico, desarrollo, cambios y nuevas implementaciones de empresas como SkyNet de Colombia S.A, Imprenta Departamental de Soluciones Integrales y de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y Comunicación Celular Comcel S.A., para que le brindarán soporte a la plataforma Fénix.
Dos años más tarde, la plataforma entró en funcionamiento al tiempo de un grupo de personas entre ciudadanos y militares activos y retirados del Ejército que empezaron a ofrecer la definición de la situación militar, alterando el sistema, cobrando entre $900.000 a $5.000.000 por trámite y expidiendo más de 10.000 libretas falsas.
El fiscal segundo especializado reveló que el sargento viceprimero (r) del Ejército Alexander Ceballos era el líder de la red de corrupción, que se encargaba de “contactar, captar y coordinar a reclutadores o tramitadores a personal retirado o activo del Ejército”.
Según la Fiscalía, el sargento (r) Ceballos recibía información directa del Ejército sobre los reclutados para acceder sin autorización al sistema Fénix, alterar los datos con información falso y evadía las 32 etapas del procedimiento de la definición de la situación militar y llegando al paso final de clasificar como reservistas de segunda clase a los clientes de la red.
El fiscal segundo Douglas Sossa también reveló que en esa alteración del sistema habría una persona especializada en temas tecnológicos, quien le habría otorgado las credenciales al sargento (r) Ceballos para que pudiera alterar la plataforma. A cambio de ese acceso, dicha persona también habría recibido altas sumas de dinero.
Pero lo más curioso es que la organización delincuencial manejaba niveles jerárquicos con una subred de reclutadores y tramitados coordinada por elsargento (r) del Ejército Duván Salazar, quien extendió los tentáculos de la estructura hasta Cali, Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Armenia, Fusagasugá, Villavicencio, Florencia, Tunja y Pasto ubicando en zonas militares y creando grupos de WhatsApp para ofrecer los servicios fraudulentos.
El sargento (r) Salazar coordinaba con Ceballos, el líder de la red, la información y los documentos para que arrancaran los trámites de expedición de libretas falsas. Pero hasta el propio Salazar involucró a su hijo Camilo Salazar, para que registrara la identidad del cliente, tramitador, fecha de registro, abono, pago pendiente, fecha del trabajo y cambiaba de colores según el avance del trámite. Después se hacía cargo de enviar los documentos por empresas de mensajería.
En esta subred también estaba el sargento viceprimero (r), Fernando Otalora; su hijo el cabo tercero Freyned Otalora y hasta los coronel Augusto Blanco y Javier Andrés Chavarro que cumplieron roles de reclutadores y tramitadores.
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