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Crece la polémica por una presunta gestión del Gobierno nacional para facilitar la renovación de la residencia en Nicaragua de Carlos Ramón González, vinculado al escándalo de corrupción de la UNGRD.
González está en Nicaragua desde el 5 de noviembre de 2024, cuando ya enfrentaba un proceso en etapa de indagación.
El 16 de diciembre de ese año obtuvo una cédula de residencia con vigencia hasta el 14 de junio de 2025.
En enero de 2025, tras la renuncia del embajador León Fredy Muñoz, Óscar Muñoz asumió como encargado de negocios. Para entonces, ya existía una primera solicitud de residencia hecha por González.
El 21 de mayo, el mismo día en que la Fiscalía imputó a González por cohecho, peculado y lavado de activos, la Embajada de Colombia en Nicaragua envió una nota verbal a la Cancillería de ese país solicitando renovar su residencia. En el documento se lee:
“Solicitamos apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado migratorio, se renueve la residencia del compañero González, toda vez que esta misma está para vencer el próximo 14 de junio de 2025”.
El presidente Gustavo Petro negó que él o su canciller hayan dado instrucciones para gestionar beneficios migratorios para González. En el mismo sentido, la canciller Rosa Villavicencio afirmó:
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“No ha habido ni hubo ninguna instrucción desde Cancillería para solicitar ninguna renovación para este ciudadano colombiano en Nicaragua”.
La Cancillería remitió el caso a la Oficina de Control Disciplinario Interno para iniciar una investigación, pues esto viola las normas diplomáticas que establecen que no puede haber ninguna injerencia por parte de embajadores en hechos particulares.
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