“Causaron una tragedia y caso de Gloria Lara sigue impune”: victimas de falsos positivos judiciales

Desde el Palacio de San Carlos, en el centro de Bogotá, la Cancillería llevó a cabo este viernes 12 de diciembre un acto de reconocimiento extrajudicial a las víctimas del montaje judicial derivado del secuestro y asesinato de Gloria Lara de Echeverri, ocurrido en 1982.Después de 43 años del secuestro y asesinato de la líder defensora de los derechos de campesinos e indígenas, las voces de quienes fueron torturados, desaparecidos, estigmatizados y forzados al exilio por haber sido vinculados injustamente al caso, así como las de sus representantes, fueron escuchadas en este evento.“La Comisión de la Verdad concluyó que la arbitraria intromisión de los militares en los asuntos de la justicia ordinaria lo que logró fue desviar la línea de investigación, dejando totalmente fuera de foco de la justicia a los verdaderos asesinos. (…) Lo peor fue que provocaron una tragedia a 19 familias inocentes, además de que el secuestro y asesinato de Gloria Lara al final quedó impune”, dijo Robinson Rivera Mesa, hijo de una de las víctimas del montaje judicial que falleció hace dos años.El acto, convocado por la Cancillería, estuvo acompañado por el Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Esta entidad incluyó en las recomendaciones de su Informe Final el reconocimiento a las víctimas que debieron abandonar el país por persecución o riesgo derivado de responsabilidades militares y políticas.La viceministra de Relaciones Exteriores, Ana Castro, fue la encargada de entregar las placas de reconocimiento a las víctimas y a sus familiares, en el caso de las víctimas fallecidas y de aquellas que todavía permanecen en el exilio.“A lo largo de estos 43 dolorosos años, las personas afectadas y sus familiares han tenido que cargar con el peso del señalamiento y el exilio. Es hora de dar cierre y reconocer que esto nunca debió suceder, que los agentes del Estado, que tenían la obligación de proteger, fallaron y traicionaron su mandato. Sepan que lamentamos profundamente su dolor”, dijo la viceministra durante la entrega del reconocimiento.Gloria Lara de Echeverri, abogada y directora de Acción Comunal y Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, apareció muerta en Bogotá el 28 de noviembre de 1982, después de 150 días de secuestro.Según la Comisión de la Verdad, la respuesta estatal no se concentró en investigar a los responsables reales, sino en fabricar culpables. La inteligencia militar de la época construyó un montaje judicial que terminó por incriminar a líderes campesinos, estudiantes, sindicalistas y activistas sociales sin ninguna relación con los hechos.Las personas involucradas, provenientes de movimientos como la Democracia Popular —que había tenido cercanía electoral con el Nuevo Liberalismo—, del proyecto político del Partido del Trabajo de Colombia (PTC) y de organizaciones campesinas como la ANUC, fueron convertidas en enemigos internos en un proceso que, décadas después, la Comisión describió como un “falso positivo judicial”.En el proceso de esclarecimiento de este caso se demostró que el Ejército ejecutó torturas físicas y psicológicas para obtener confesiones que luego serían presentadas como pruebas judiciales.Además de golpes, interrogatorios prolongados y amenazas para conseguir falsas confesiones, cuatro personas —dos de ellas menores de edad— fueron víctimas de desaparición forzada.En esa misma vía, el juez 47 de Instrucción Criminal, Luis Eduardo Mariño, avaló la participación del Ejército en tareas de policía judicial, pese a que el Estatuto de Seguridad ya había sido derogado, lo que agravó las acciones cometidas.Aunque otro juez, Enrique Alford, advirtió irregularidades y ordenó liberar a los detenidos en su momento, el proceso siguió avanzando en distintas instancias hasta cerrarse por prescripción, no por absolución. Como consecuencia, muchas de las víctimas y sus familias también fueron forzadas al exilio.En el acto de reparación, el Estado admitió su responsabilidad por la vulneración de derechos fundamentales y por haber permitido que la persecución política primara sobre la búsqueda de justicia.