CCI pide al Gobierno respetar la concesión vigente de Autopistas del Café

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) pidió al Gobierno nacional respetar los contratos de concesión viales vigentes, tras el anuncio de una posible terminación anticipada del contrato de Autopistas del Café.Según la Cámara Colombiana de la Infraestructura, una intervención unilateral sobre un contrato que está vigente y en pleno cumplimiento compromete la seguridad jurídica de la contratación pública.El pronunciamiento fue publicado este viernes a través de un comunicado publicado en la cuenta de X de Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente ejecutivo de la entidad. Caicedo señaló que los contratos de concesión “son acuerdos jurídicamente vinculantes que deben respetarse mientras estén vigentes y cumplan con las condiciones pactadas”.El comunicado surge en medio del debate abierto por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha planteado la posibilidad de terminar anticipadamente la concesión por el alto costo de los peajes de esta autopista, para que la operación y el mantenimiento de la vía pasen a manos del Estado. Sin embargo, hasta ahora no existe un acto administrativo que oficialice esa decisión y el contrato sigue vigente hasta el año 2027.El proyecto tiene siete peajes en sus 215 kilómetros de longitud, cinco de ellos en Caldas, lo que convierte a este departamento en uno de los que tiene mayor costo por kilómetro recorrido.Esta situación ha generado constantes quejas de los usuarios por el impacto en el precio de productos y mercancías. Además, han surgido debates con funcionarios públicos de anteriores periodos presidenciales, quienes han llamado la atención a la concesión por el valor de los peajes.Sin embargo, la CCI resaltó que Autopistas del Café tiene un cumplimiento contractual del 100 %, no ha requerido recursos públicos y ha ejecutado obras adicionales por más de 310 mil millones de pesos. También señalaron el aporte a sectores como el turismo, el comercio y la agroindustria, destacando que han generado más de 56 mil empleos directos e indirectos.El gremio hizo un llamado a los funcionarios públicos para que cualquier decisión se adopte dentro del marco constitucional, legal y contractual, teniendo en cuenta que este tipo de actuaciones tiene impactos fiscales y jurídicos para el país. Finalmente Ia CCI advirtió que terminar el contrato sin una causal legal podría representar cláusulas de compensación e indemnización a cargo del Estado.