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Tras quejas de las alcaldías, Procuraduría le pidió respuestas a empresas de aseo de ocho municipios de Antioquia, la mayoría del Valle de Aburrá. Las fallas que se vienen registrando son en las rutas de recolección, puntos críticos y disposición de escombros.
Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Bello, Copacabana, Girardota y San Pedro de Los Milagros, son los municipios de Antioquia en los que la Procuraduría General de la Nación anunció que pondrá la lupa, ante las dificultades presentadas en la prestación del servicio de aseo.
El Ministerio Público indicó que se inició una acción preventiva porque los operadores de varios municipios del norte y del sur del Valle de Aburrá presentan retrasos en las rutas de recolección, falta de atención a puntos críticos y limitaciones para la disposición adecuada de escombros y residuos voluminosos.
Por ejemplo, para el caso del municipio de Bello, pese a los compromisos anunciados y al ultimátum de un mes de plazo por parte de la administración municipal, poco o nada mejoró la prestación del servicio de aseo, por lo que en febrero anunciaron acciones legales.
Fue la misma alcaldesa Lorena González quien informó que ya iniciaron las gestiones sancionatorias ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios contra Interaseo y analizan el panorama jurídico incluso para cambiar de operador en estas labores necesarias tanto para la limpieza como para la salubridad en los diferentes barrios del municipio
Volviendo a los ocho municipios involucrados, la entidad le requerirá información al prestador del servicio de cada una de ellos, con el fin de verificar el cumplimiento del deber legal de garantizar la continuidad, cobertura y calidad en la prestación del aseo, en beneficio de los ciudadanos. Esto, explicaron, con base en su función preventiva y conforme a la Circular No. 011 de 2025.
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Por lo pronto y ante las quejas que han dado a conocer las propias alcaldías, la Procuraduría advirtió que estas actuaciones no implican coadministración, sino que buscan evitar afectaciones ambientales, riesgos para la salud pública y posibles irregularidades administrativas. A la par, destacó la articulación de los entes territoriales en la búsqueda de soluciones conjuntas.
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