A la Corte Constitucional, llegó un requerimiento por parte de la Corporación Excelencia de la Justicia, en donde le piden al alto tribunal declarar inexequible el decreto de conmoción interior expedido por el Gobierno nacional tras la crisis humanitaria en el Catatumbo
por el recrudecimiento de la violencia.
Según el documento radicado, el decreto es "manifiestamente inconstitucional" y no cumple con los requisitos para aplicar una medida excepcional de este tipo, "Las circunstancias que motivan la declaratoria de un estado de conmoción interior no pueden ser conjuradas mediante el uso de las atribuciones ordinarias del Presidente de la República", argumentó Leonardo Beltrán Rico, representante legal de la CEJ.
El principal cuestionamiento es que la violencia en la región no es un hecho "sobreviniente ni imprevisible", sino una crisis estructural de larga data que, según la CEJ, debe ser abordada con políticas públicas integrales en lugar de medidas extraordinarias.
Otro de los puntos clave del análisis presentado ante la Corte
es el riesgo de que el decreto abra la puerta a un poder desmedido por parte del Gobierno. "Si la Corte lo avala, le estaría dando un cheque en blanco al Ejecutivo para declarar conmoción interior en otras regiones con problemáticas similares, como Arauca, Cauca o Putumayo", advierte el requerimiento
Además, el documento critica la falta de justificación del decreto y cuestiona que el Gobierno no haya demostrado por qué las acciones ordinarias de seguridad no han sido suficientes. "No se explica por qué los operativos militares han fracasado ni por qué no se han agotado otras estrategias antes de recurrir a la conmoción interior", sostiene la CEJ.
La Corte Constitucional empezará a discutir ese decreto a mediados del próximo mes, y allí, en el alto tribunal, se decidirá la suerte de ese decreto expedido por el Gobierno
tras la grave crisis humanitaria en la región del Catatumbo que deja una alta cifra de desplazados.