El 21 de junio de 2025, durante una manifestación pública convocada por el Gobierno nacional en la plaza La Alpujarra de Medellín, se registró la participación visible de varios cabecillas de organizaciones criminales actualmente recluidos en la cárcel de Itagüí. Estos individuos fueron ubicados en las primeras filas del evento, que tenía como objetivo principal discutir aspectos relacionados con la reforma laboral.
La situación ha generado diversas reacciones a nivel nacional. La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, emitió un comunicado oficial el 22 de junio, expresando su preocupación por la participación de personas privadas de la libertad en actos públicos abiertos a la ciudadanía. Según la organización, este tipo de acciones puede afectar la percepción de autoridad por parte de la sociedad y generar incertidumbre respecto al rol de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.
Asocapitales señaló que llevar a reclusos vinculados a estructuras criminales a eventos públicos podría desmoralizar a la fuerza pública y a los entes investigadores, además de contribuir al aumento de la polarización política en el país. También se expresó preocupación por la seguridad del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ante lo que consideran una posible exposición innecesaria frente a actores relacionados con hechos violentos.
La asociación finalizó su pronunciamiento haciendo un llamado al Gobierno nacional para que respete las autoridades territoriales y garantice la seguridad de los mandatarios locales, en concordancia con la Constitución y las leyes vigentes. El evento sigue generando debate en distintos sectores del país, especialmente en torno al manejo del orden público y la institucionalidad.
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