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El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó con 13 votos a favor y 2 abstenciones la extensión por un año del mandato de la Misión de Verificación en Colombia. Sin embargo, sucumbió a la presión de la delegación de Estados Unidos, que exigió recortar la supervisión de las sanciones impuestas por Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el seguimiento al capo étnico del acuerdo de paz.
La Misión, creada en 2017 para monitorear la implementación del acuerdo de Paz de Colombia, verá reducido su alcance a partir de esta prórroga. Según el informe del Security Council Report, Estados Unidos condicionó su apoyo a la resolución si se mantenían funciones que considera sensibles.
El embajador de los Estados Unidos, Mike Waltz, afirmó que el Gobierno colombiano “ha socavado el progreso hacia una paz duradera” y advirtió con un posible veto si la verificación de sanciones propias de la JEP y el capítulo étnico no eran revisados.
Aunque la continuidad de la Misión contaba con respaldo mayoritario, el hecho de que funcione con menos poderes esenciales abre interrogantes: ¿puede seguir cumpliendo su rol de verificación integral del acuerdo de paz con recortes clave?
Aprobado el nuevo periodo, la octava extensión de la Misión desde 2017, en un contexto en el que la violencia contra excombatientes y líderes sociales permanece alta y la credibilidad del acompañamiento internacional cobra más peso.
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