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La Contraloría General de la República lanzó una nueva alerta por la elevada inmovilización de recursos públicos administrados a través de fiducias, al advertir que $4,84 billones de un total de $13,48 billones comprometidos permanecían sin ejecutar a diciembre de 2024. El hallazgo hace parte de un estudio que evaluó la gestión y ejecución de los recursos públicos en contratos fiduciarios y que, según el órgano de control, evidencia una grave ineficiencia fiscal con efectos directos sobre la inversión social y el desarrollo del país.
De acuerdo con el informe, los recursos inmovilizados corresponden a 156 negocios fiduciarios de un total de 787 analizados, lo que representa el 35,61 % del monto comprometido. La Contraloría advirtió que esta situación contradice el propósito mismo de las fiducias, diseñadas para garantizar eficiencia, transparencia y agilidad en la ejecución del gasto público. “Cada peso inmovilizado es un proyecto de vivienda, un centro de salud o una obra de infraestructura que se aplaza”, señala el análisis, subrayando el impacto negativo sobre el Gasto Público Social y la calidad de vida de los ciudadanos.
El estudio también identificó a varias entidades públicas con altos niveles de recursos sin ejecutar. En una muestra de negocios fiduciarios por $390.265 millones, el Ministerio de Vivienda encabeza la lista con $165.255 millones inmovilizados, equivalentes al 42,34 %. Le siguen el Ministerio de Comercio, con $109.320 millones (28,01 %), y el Ministerio de Salud, con $67.792 millones (17,37 %), lo que evidencia que sectores estratégicos mantienen recursos disponibles sin una ejecución efectiva.
La Contraloría concluyó que esta situación genera un doble costo para el Estado. Por un lado, una pérdida de eficiencia económica asociada al costo de oportunidad, pues los recursos permanecen en portafolios de baja rentabilidad, muy por debajo del valor público que producirían si se ejecutaran oportunamente. Por otro lado, una pérdida de eficacia social, reflejada en el retraso en la entrega de bienes y servicios esenciales y en el incumplimiento de metas de inversión pública.
En el análisis también se identificó una alta concentración de recursos inmovilizados en pocas fiduciarias. Scotiabank Colpatria administra $168.081 millones sin ejecutar, seguida de Fiduciaria La Previsora con $74.440 millones y Fiduciaria Popular con $46.979 millones. Para la Contraloría, esta concentración obliga a focalizar acciones correctivas en actores específicos para mejorar la eficiencia del gasto público.
Finalmente, el órgano de control estableció que las principales causas de la inmovilización de recursos en fiducias están relacionadas con la falta de ejecución oportuna, deficiencias contractuales y procesos administrativos ineficientes. Aunque los recursos estaban disponibles, estos factores generaron rigidez operativa y retrasos significativos. Los proyectos más afectados pertenecen a sectores clave como infraestructura inmobiliaria, energía, transporte de hidrocarburos y servicios sociales, áreas de alta inversión inicial y ejecución a largo plazo, alineadas con prioridades de política pública, pero que hoy enfrentan serias demoras en su materialización.
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