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El mandatario departamental será trasladado en un helicóptero del Ejército desde Tame hacia la capital de Arauca, luego del ataque armado contra el vehículo en el que se movilizaba por la vía que comunica a los municipios de Fortul y Saravena. De acuerdo con información preliminar, las autoridades atribuyen el hecho al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La Defensoría del Pueblo rechazó categóricamente este atentado, calificándolo como una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, dado que los servidores públicos hacen parte de la población civil y deben ser respetados y protegidos de toda acción bélica.
El organismo recordó que el principio de distinción impone a los actores armados la obligación de diferenciar entre combatientes y civiles, y de abstenerse de atacar a quienes no participan directamente en las hostilidades. Atentar contra un funcionario público civil vulnera de manera directa ese principio.
La institución expresó su solidaridad con el gobernador Martínez, las personas que lo acompañaban y sus familias, y advirtió que lo ocurrido profundiza el clima de miedo y zozobra que viven las comunidades araucanas, en medio de la persistencia de enfrentamientos entre grupos armados ilegales.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo instó al Estado a fortalecer las medidas de prevención y protección en la región, con el fin de garantizar la seguridad de la población civil y de las autoridades locales.
Finalmente, la entidad propuso la instalación de una mesa facilitada por agentes humanitarios, en la que está dispuesta a participar, para promover acuerdos que permitan proteger la vida, la integridad y los bienes civiles en el departamento de Arauca.
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