El presidente Gustavo ha venido haciendo una serie de anuncios, entre ellos, acabar con los contratos por prestación de servicio con el Estado y, ahora, que para el 2024 no subirán los salarios del sector público, lo que causó la reacción de quienes se verían afectados con esto.
Durante su discurso en Cartagena, el jefe de Estado habló de “un suicidio económico” si se permite dicho aumento de altos salarios de servidores públicos para el próximo año, por lo que mencionó que habrá congelamiento.
En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Augusto Manrique, se refirió a estos cambios drásticos que quiere implementar el presidente. Según mencionó, la formalización del empleo es un proceso que pretenden sea “sostenible” y con la “voluntad” de las entidades.
“Lo que sucede es que el programa y lo que se ha planteado, la política pública y la formalización del empleo público, desde un principio tiene que ser sostenible, sistemática y que tiene que contar con la voluntad de todos aquellos que son jefes de las administraciones públicas locales, regionales y nacionales, porque ellos cuentan con una autonomía. Nosotros estamos trazando la política pública y en este momento estamos examinando a todas las entidades del Estado del orden nacional, departamental y municipal”, dijo.
De acuerdo con Manrique, todo esto “a fin de que se establezca con toda claridad cuáles son los pasos concretos que han desarrollado” esas administraciones para adelantar la orden que se emitió por parte del Gobierno nacional de la formalización del empleo.
A los cuestionamientos sobre cuántos funcionarios que hoy están por prestación de servicios y, en medio de esta formalización de empleo, se quedarían sin trabajo o si a todos estos se quedarán, Manrique hizo la siguiente aclaración:
“Los contratistas no son funcionarios del Estado, son contratistas. Su relación es de carácter civil con el Estado. Esto es como si le dijera a unas personas que cuánto pintan los edificios de la administración pública y entonces eso es un contrato de orden civil. Aquí lo que ha sucedido es que hay una distorsión en el Estado colombiano de más de tres décadas, donde funciones misionales y permanentes que deben de cumplir servidores y servidoras públicas lo han hecho a través de particulares, a través del instrumento que se denomina contrato de prestación de servicio y otras figuras jurídicas del orden que precarizan el empleo”, explicó.
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