Gobierno insiste en que el Congreso debe avanzar con la reforma a la salud
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, volvió a lanzar fuertes críticas a la Comisión Séptima del Senado por no programar el debate de la reforma a la salud, pese a que el proyecto cuenta con mensaje de urgencia.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reiteró sus críticas al trámite legislativo de la reforma a la salud en el Congreso. Señaló que, pese a que el proyecto cuenta con mensaje de urgencia y ya se han aprobado seis avales fiscales, la Comisión Séptima del Senado aún no ha agendado su discusión.
Según el ministro, la falta de avance en el debate obedece a una estrategia para frenar la iniciativa del Gobierno. En medio de su intervención, aseguró que existen “pretextos” continuos para aplazar el análisis de la reforma, lo que, dijo, desconoce la voluntad popular expresada en las urnas.
“¿Por qué no la estudian? Les da miedo seis avales fiscales le hemos dado a la comisión… creen que se acabó este Gobierno, lo que no saben es que el pueblo va a reelegir”.
Guillermo Alfonso Jaramillo
Foto: MinSalud
Jaramillo insistió en que el proyecto busca fortalecer el modelo de atención primaria y garantizar que la financiación del sistema se utilice de manera eficiente y con enfoque preventivo. Sin embargo, señaló que mientras se aplaza su trámite, persisten fallas estructurales que afectan la prestación de servicios en el país.
En ese contexto, el ministro también se refirió al valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), con miras al cálculo del reajuste para 2026. Aseguró que ni la Corte Constitucional ni Acemi han presentado estudios que demuestren que el valor actual sea insuficiente para cubrir los servicios incluidos en el plan de beneficios.
Además, denunció la existencia de pagos irregulares que deterioran la sostenibilidad del sistema, como giros a personas fallecidas y precios de medicamentos sin regulación efectiva.
El ministro sostuvo que estas irregularidades demuestran la necesidad de que el Estado retome el control sobre los recursos públicos destinados a la salud y refuerce los mecanismos de vigilancia, en paralelo al debate legislativo de la reforma.