A pocas semanas de las elecciones al Congreso, el registrador nacional, Hernán Penagos, lanzó una grave advertencia sobre posibles riesgos para la transparencia del proceso electoral en varias regiones del país.
Tras la revisión de 312 municipios, la Registraduría identificó zonas con fuerte presencia de grupos armados ilegales, en donde se estarían presentando dinámicas que podrían afectar la libertad del voto, ya sea por presiones directas o por intereses de estas estructuras que buscan influir en las elecciones.
Según explicó Penagos, en cerca del 40 % de los municipios analizados se evidencia un interés político-electoral por parte de estas estructuras armadas.
“En 312 municipios que hemos revisado donde hay influencia de los grupos armados ilegales, en el 40% de ellos pareciera verse un interés político-electoral de esos grupos armados ilegales. Y esto por cuenta de la atomización de grupos ilegales en todo el territorio nacional”, advirtió el registrador.
Penagos explicó que mientras en algunos territorios la alta violencia coincide con bajos niveles de participación electoral, en otros casos ocurre lo contrario.
“Hay algunos lugares del territorio nacional donde hay una incidencia de la violencia muy alta y hay menor participación. (…) Pero también tenemos algunos lugares en el noroccidente de Colombia donde hay alta violencia, de acuerdo a los estudios que han presentado, inclusive la fuerza pública”, señaló.
Para el registrador, esto podría indicar escenarios de instrumentalización del voto y coacción a los electores, por lo que subrayó que es importante que “se adviertan circunstancias de esa naturaleza para atacarlos de manera permanente”.
Frente a estas advertencias, organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Defensoría del Pueblo han insistido en la necesidad de redoblar las medidas de seguridad en las zonas con presencia de grupos armados ilegales, con el fin de garantizar el proceso electoral.