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El director ejecutivo de la Justicia Penal Militar y Policial, Alejandro Ramírez Londoño, enfatizó que los militares tienen un deber de protección y defendió la actuación de los soldados en la base militar Lizama, luego de que un joven de 16 años muriera tras varios disparos luego de ingresar saltando una barricada.
Sin embargo, el funcionario aseguró que será el dictamen de Medicina Legal el que confirme las diferentes versiones que existen en la muerte del joven Rafael Caro.
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“Estamos esperando el dictamen final y esperamos que se haga en pro de las instituciones (…) Hay un deber de protección y protocolos en las bases militares”, indicó.
La investigación está a cargo del Juez Penal Militar, Mayor Jairo Sánchez, quienes esperan que le den competencia para continuar investigando el hecho.
La familia del joven interpuso una demanda contra el Estado, argumentando que los soldados no actuaron de manera correcta.
“Ellos no tenían que haberle disparado, mi hijo era un niño de 16 años y se dejó llevar por la ira porque los soldados le habían pegado y se la tenían montada, lo querían matar”, aseguró Diosalidia Álvarez, madre del menor.
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La próxima semana se daría a conocer el resultado tras la segunda necropsia realizada al cuerpo de la víctima.
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