El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) expresó su “profunda preocupación” ante las denuncias de posibles vínculos entre integrantes del denominado Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) de las disidencias de las Farc, que comanda alias ‘Calarcá’, y altos funcionarios estatales, así como por presuntas filtraciones de información judicial, militar y de inteligencia.
Los indicios, surgidos a partir de dispositivos electrónicos incautados en 2024 a alias ‘Calarcá’, donde hay fotos, documentos y material multimedia en general, de acuerdo con el ICP, apuntan a un “acelerado proceso de captura y cooptación institucional” por parte de estructuras criminales, fenómeno que, advirtió, constituye uno de los mayores riesgos para la democracia en Colombia y otros países de la región.
La presunta presencia de colaboradores dentro de entidades judiciales y de seguridad, sumada al posible acceso a información clasificada, reflejaría un deterioro de las capacidades estatales para enfrentar a estos grupos.
El Instituto cuestionó, además, que la información divulgada repose en la Fiscalía desde hace más de un año sin avances visibles, y afirmó que las medidas adoptadas bajo la política de paz total habrían permitido no solo el fortalecimiento operativo y económico de las disidencias, sino también su infiltración en instituciones, incluidas las fuerzas militares y organismos de inteligencia.
Según la organización, este escenario compromete la seguridad nacional, afecta la independencia institucional y aumenta los riesgos para quienes ejercen la oposición política, quienes enfrentarían posibles escenarios de intimidación, seguimientos irregulares y manipulación judicial.
El ICP también hizo un llamado de atención sobre el impacto que esta presunta infiltración podría tener en las elecciones del próximo año. La captura territorial, el acceso a información privilegiada y la cooptación de agencias estatales, advirtió, podrían incidir en la participación ciudadana, la competencia democrática y la seguridad de candidatos y equipos de campaña.
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Ante la alerta, el ICP exige “garantizar la integridad electoral y la libertad política de todos los sectores, especialmente de la oposición”, lo cual “debe ser una prioridad del Estado y de la comunidad internacional”.
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