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La Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) reconoció que actualmente funciona con limitaciones financieras, esto luego de que el Gobierno Nacional solo haya entregado menos de la mitad de los recursos que se habían proyectado para cumplir las sentencias y decisiones judiciales ya adoptadas.
De acuerdo con Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, el costo estimado para ejecutar plenamente las primeras sentencias y las decisiones judiciales ya proferidas asciende a 120.000 millones de pesos. Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno ha garantizado únicamente 50.000 millones.
“El balance, digamos, estamos como a mitad de camino; se calcula que son 120.000 millones de pesos, ya el Gobierno nacional nos ha garantizado 50.000, o sea un poco menos de la mitad. Seguimos insistiendo en la necesidad de la financiación completa, no solamente esta sentencia, sino todas las que siguen”.
Ramelli explicó que los recursos ya entregados permiten avanzar en procesos de alistamiento y ejecución, pero recalcó que es fundamental recibir la financiación para cumplir plenamente con todas las obligaciones derivadas de las sentencias y de las decisiones judiciales que se encuentran en curso y las que están por venir.
En ese sentido, el presidente de la Jurisdicción fue enfático en señalar que la responsabilidad principal del financiamiento recae en el Estado colombiano, y no en la cooperación internacional. Aclaró que estos recursos están contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que no se trata de fondos propios de la JEP ni de recursos que puedan ser cubiertos en su totalidad por apoyos externos.
Frente al respaldo internacional, Ramelli indicó que actualmente la Jurisdicción no recibe recursos de Estados Unidos, debido a recortes realizados en años anteriores. No obstante, aseguró que la JEP mantiene una disposición permanente al diálogo con la comunidad internacional y a retomar la cooperación, en caso de que ese apoyo sea restablecido.
Pese a esa apertura, reiteró que la cooperación internacional solo puede ser complementaria, y que el cumplimiento total de las sentencias depende, de manera directa, del compromiso financiero del Gobierno nacional. Por ello, hizo un llamado a garantizar la entrega completa de los recursos necesarios.
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