La diligencia se realizará los días 21 y 24 de abril y busca que los exguerrilleros reconozcan su participación en delitos cometidos principalmente en Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y Barranquilla, especialmente en zonas como la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá, Montes de María y La Mojana.
Los convocados son Abelardo Caicedo, quien fue conocido como ‘Solís Almeida’; Osmany Landero, antes ‘Hernando González’; Gilberto de Jesús Giraldo, ‘Aldemar Altamiranda’; Luis Cuadras, quien fue conocido como ‘Leonardo Guerra’ o ‘Leonardo Muñoz’; y Uriel Oviedo, antes ‘Manuel Ortiz’ o ‘Mañe’.
De los excomandantes, solo Oviedo había sido procesado previamente por la justicia ordinaria por estos hechos.
Según la investigación de la JEP, el Bloque Caribe fue una de las estructuras guerrilleras que más secuestros con fines económicos cometió en la región, muchos de ellos mediante retenes ilegales conocidos como “pescas milagrosas”. En estos casos, las víctimas eran retenidas en carreteras y obligadas a pagar dinero para recuperar la libertad.
La Sala de Reconocimiento estableció que esta estructura es responsable del 15 % de los secuestros atribuidos a las Farc en todo el país, y que actuó siguiendo las directrices del antiguo Secretariado de esa guerrilla.
Los secuestros respondían principalmente a financiar la organización, presionar intercambios por guerrilleros presos y consolidar control social y territorial en la región Caribe.
Las investigaciones también documentaron que el sector ganadero fue uno de los más afectados, ya que muchos de sus integrantes fueron señalados por la guerrilla como supuestos aliados del paramilitarismo cuando se negaban a pagar extorsiones.
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Como resultado, varios fueron víctimas no solo de secuestros, sino también de asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamiento.
Entre los casos atribuidos a este bloque están el secuestro y asesinato de la exministra de Cultura Consuelo Araújo Noguera, conocida como “La Cacica”, en 2001, y el secuestro del exministro Fernando Araujo Perdomo, quien permaneció seis años en cautiverio antes de recuperar su libertad.
La JEP imputó a los excomandantes crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos toma de rehenes, homicidio, tortura, tratos crueles, violencia sexual, desaparición forzada y desplazamiento forzado cometidos durante los cautiverios. Por la gravedad de estas conductas, estos delitos no pueden recibir amnistía ni perdón judicial.
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