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En medio de una creciente controversia institucional, la vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lina María Garrido, afirmó que la reforma pensional impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro podría caer, no por decisión judicial directa, sino por los errores en su trámite legislativo.
“Lo que hizo la Cámara terminará tumbando la reforma pensional”, declaró en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, tras subrayar que la actuación precipitada del Congreso sin contar con la providencia formal de la Corte Constitucional vicia todo el procedimiento.
Por supuesto es mucho más alarmante porque de alguna manera demuestra que lo que hizo la Cámara de Representantes sesionando de manera extraordinaria para subsanar un vicio sin conocer el auto, sin conocer la providencia judicial, que aún está para firmas, pues terminó viciando y debe terminar tumbando la reforma pensional, eso se lo advertimos, pero aún así Armando Benedetti y el presidente de la Cámara decidieron hacerlo de manera inmediata
El detonante de la actual polémica se encuentra en la decisión del Gobierno de convocar sesiones extraordinarias de la Cámara para subsanar un vicio de procedimiento señalado por la Corte. Sin embargo, dichas sesiones se adelantaron sin que existiera un auto oficial firmado por todos los magistrados, lo que, según la representante Garrido, implica una actuación sin base legal sólida.
Sesionar sin conocer la providencia judicial que aún está para firmas terminó viciando y debe terminar tumbando la reforma pensional
A la fecha, tres magistrados —Vladimir Fernández, Natalia Ángel Cabo y Miguel Efraín Polo— se han negado a firmar el auto, alegando que el contenido no corresponde con lo discutido en Sala Plena el pasado 17 de junio. Este desacuerdo ha impedido la emisión formal del documento, generando un limbo jurídico sobre el cual la Cámara, paradójicamente, ya legisló.
Otro punto crítico señalado por Garrido es la falta de claridad sobre la urgencia que motivó las sesiones extraordinarias. Según la representante, aún 16 días después de la votación del 28 de junio, el presidente de la Cámara no ha enviado a la Corte el informe obligatorio sobre lo aprobado.
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Además, denunció que durante la sesión extraordinaria del sábado 28 de junio no se cumplió con el procedimiento básico, como aprobar el orden del día, lo que suma un nuevo elemento de irregularidad.
Se discutió sin haber aprobado la discusión, fue un espectáculo totalmente improvisado
Para la congresista de Cambio Radical, la responsabilidad recae directamente en el Ejecutivo. “Hay un total dolo, una mala intención... el gobierno actuó con toda la intención de viciar la reforma para que termine cayéndose y luego victimizarse, porque es lo único que les sirve”, aseveró.
Garrido también señaló que el decreto presidencial convocando a sesiones extraordinarias estaba vigente hasta el 19 de julio, y que en ese marco temporal había espacio suficiente para actuar con prudencia, una vez se conociera formalmente el auto de la Corte.
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El caos fue tal que varias bancadas decidieron retirarse de la sesión. Según Garrido, partidos como Cambio Radical, el Centro Democrático y algunos representantes independientes abandonaron el debate al constatar que no se contaba con el auto de la Corte. “Estaban interpretando, tratando de comprender qué era lo que realmente quería la Corte sobre un comunicado de prensa”, afirmó.
La reforma fue finalmente aprobada con alrededor de 100 votos, pero bajo un ambiente de confusión general. “El presidente quería someter y seguir discutiendo el mismo texto sin que los representantes entendieran del todo lo que se estaba votando”, agregó la vicepresidenta de la Cámara.
Paralelamente, el Banco de la República ha solicitado un plazo adicional de tres meses para implementar técnicamente la administración del nuevo fondo pensional, en caso de que la Corte dé luz verde a la reforma. “Todo lo que nos falta por hacer tendríamos que hacerlo esa noche”, escribió el gerente Leonardo Villar, explicando la imposibilidad operativa de poner en marcha el sistema sin un margen razonable de tiempo.
Sin embargo, esta petición desató nuevas críticas del presidente Petro, quien calificó de injustificadas las demoras del banco, reavivando tensiones entre el Ejecutivo y la autoridad monetaria.
La próxima Sala Plena de la Corte Constitucional está programada para el miércoles 23 de julio. Allí se discutirán tanto el contenido del auto pendiente como eventuales recusaciones a magistrados que han tenido relación previa con entidades gubernamentales como Colpensiones. Esto podría generar nuevos retrasos y cuestionamientos en torno a la legitimidad del proceso.
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