El pasado viernes, 09 de diciembre, el Departamento de Estado de los Estados Unidos enalteció y reconoció al magistrado Marco Antonio Rueda Soto, de la Corte Suprema de Justicia, en Colombia, por su lucha contra la corrupción en el país; y por eso fue premiado por lucha junto a otros siete ganadores.
En diálogos con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el magistrado resaltó su trabajo como magistrado y la importancia de la lucha contra la corrupción. El funcionario reconoció que desde la Corte Suprema de Justica pasa la tranquilidad del país, además, teniendo en cuenta que el país es comparado con países como México o Madagascar a lo que dijo que “aún estamos lejos de igualar las medidas”.
“No podemos reconocer una realidad: de acuerdo con un informe de transparencia internacional, Colombia está 89 en un estudio de 150 países en casos de corrupción. Por eso, existe un compromiso a la respuesta efectiva de esos hechos de corrupción (…) La selección de los galardonados asume la trayectoria en el ámbito profesional, en mi caso, se miraron los más de 40 años que lleve funcionado y cómo en esa comunidad se han adelantado en casos de corrupción”, explicó el magistrado.
Desde que comenzó a ejercer Marco Antonio Rueda Soto ha estado detrás de diversos casos de corrupción en Colombia: el primero, el del senador Pulgar Daza que intentó sobornar a un juez para favorecer los interés de una universidad; el segundo, la acusación contra el ‘Cartel de la hemofilia’ ; el tercero contra el exrepresentante a la Cámara del Magdalena Roberto José Herida que dio recursos desasignados de municipios y último un representante de Córdoba también ligado al segundo con convenios de ciencia y tecnología.
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“En el año 2020, a través de mensajes de WhatsApp por parte de las Águilas Negras llegaron amenazas en contra mía. Claramente, el esquema de seguridad fue mejorado y, por supuesto, cuento con el acompañamiento del Estado de mi seguridad.
Rueda aseguró que lo obstáculos más difíciles en su cargo es de pronto la limitación de no contar con un cuerpo de policía judicial propio.
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“No habría una justa proporción. Los actos de corrupción, desde luego, comprometen la satisfacción efectiva. Los derechos fundamentales, la desviación de los recursos públicos que deberían destinarse en su integridad a la satisfacción de las necesidades básicas de la población, no pueden tener una medida de justa”, puntualizó.
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