Medicina Legal confirmó que siete menores de edad se encuentran entre las víctimas mortales que llegaron a sus sedes en Villavicencio y San José del Guaviare, tras los bombardeos ejecutados el pasado 12 de noviembre durante un operativo militar contra las disidencias de las Farc lideradas por ‘Iván Mordisco’.
El instituto recibió 20 cuerpos, de los cuales 13 corresponden a hombres y siete a mujeres. Las autoridades forenses adelantan los procesos de identificación y análisis técnico de cada caso.
“A través de cotejos dactiloscópicos, 16 fueron identificados plenamente y cuatro a través de carta dental. Producto de los análisis forenses realizados, se determinó que siete de los cuerpos sin vida recibidos por el instituto son de menores de edad, de género femenino cuatro y de género masculino tres”, Alirio Cortes, director de la Medicina Legal.
La Defensoría del Pueblo se pronunció de manera contundente, rechazando la muerte de los menores. El organismo pidió claridad sobre las acciones militares y reiteró que las fuerzas deben adoptar todas las precauciones posibles para proteger a las víctimas del reclutamiento forzado, especialmente niños, niñas y adolescentes.
“El principio de necesidad militar se predica también de los combatientes, especialmente si se trata de menores de edad, y tiene un propio juicio: está prohibido causar más muertes o lesiones de las estrictamente necesarias”, mencionó la defensora del pueblo, Iris Marín.
Sin embargo, también recalcó que la responsabilidad principal por estas muertes recae en las disidencias, al involucrar a menores en sus filas.
Los resultados forenses serán entregados a la Fiscalía General de la Nación, que asumirá la investigación para determinar responsabilidades y esclarecer los hechos.
A la par, la representante a la Cámara, Catherine Juvinao, anunció a través de un trino que radicará una moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez. La citación al funcionario está prevista para este miércoles en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, donde deberá responder por la creciente violencia y la crítica situación de orden público en varias regiones del país.
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