El Ministerio de Defensa confirmó la imposición de una sanción económica a la empresa extranjera Vertol Systems Company Inc., luego de un proceso administrativo que determinó un incumplimiento parcial en las obligaciones del contrato destinado a la adquisición de bienes para el mantenimiento y sostenimiento de la flota de helicópteros MI-17 del Ejército. Dicho contrato culminó su ejecución el 15 de noviembre de 2025.
La actuación administrativa tuvo origen en el informe de supervisión entregado el 28 de agosto de 2025. Según esa evaluación, se detectaron “múltiples incumplimientos contractuales”, entre ellos, la no entrega de la documentación requerida y la omisión en la ejecución de obligaciones técnicas establecidas en los anexos del contrato. Estas evidencias, según un comunicado, llevaron a que la Secretaría General del Ministerio abriera el proceso sancionatorio.
El 7 de noviembre, mediante una Resolución, el secretario general encargado del Ministerio, Raúl Alfonso Gutiérrez Romero, emitió el fallo que impuso la sanción. Posteriormente, el 14 de noviembre, la Resolución 002047 resolvió los recursos interpuestos tanto por la compañía como por su aseguradora, Berkley International Seguros Colombia S.A., confirmando la decisión inicial. La sanción quedó en firme el 18 de noviembre de 2025.
La medida contempla una multa por USD 8.956.468,35 y la obligación de devolver el pago anticipado por USD 13.586.872,47. El Ministerio advirtió que, si la empresa no realiza la devolución dentro del plazo de 15 días establecido, “el cobro se efectuará a la aseguradora dentro del mes siguiente”, conforme al artículo 1080 del Código de Comercio. La cartera aseguró que activará “todas las acciones a que haya lugar” para lograr el cumplimiento del fallo.
El Ministerio también aclaró que del total del anticipo entregado USD 16.231.700,19 se legalizaron bienes y servicios por USD 2.644.827,72, equivalentes a la ejecución de uno de los anexos del contrato. El resto deberá ser reintegrado según lo ordenado.
En su comunicado, la institución destacó que todo el proceso se adelantó respetando las garantías jurídicas de las partes. “La decisión fue tomada en estricto cumplimiento del debido proceso, asegurando la garantía del derecho de defensa tanto al contratista como a la aseguradora”, indicó el Ministerio.