El mensaje de los campesinos de 32 veredas del alto mira y frontera, en zona rural de Tumaco, en el Pacífico nariñense, fue contundente al ser tildados de "guerrilleros narcotraficantes".
"No le estamos haciendo el mandado a nadie, ni al Ejército, ni a los grupos armados ilegales, solo estamos reclamando el derecho a vivir en paz y a que nos respeten la vida", enfatizaron .
Los campesinos admiten que viven del cultivo de hoja de coca, pero son claros en advertir que no quieren que se repita lo de la vereda El Tandil, donde nueve campesinos murieron y 23 más resultaron heridos en confusos hechos sin que hoy, cinco años después, haya una sola persona de la Fuerza Pública judicializada, ya que se logró demostrar que fue el Ejército y la Policía, quienes ese 5 de octubre del 2017 dispararon de manera indiscriminada contra la población civil.
Martín Guerrero, líder comunitario, aseguró que se cansaron de la guerra y no quieren quedar en medio de un combate entre Ejército y grupos armados ilegales. Por eso exigieron que la Fuerza Pública salga de los caseríos, corregimientos y veredas que comprenden la región del alto mira y frontera, porque consideran que es un "inminente riesgo" que ellos estén dentro de la población civil.
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BLU Radio llegó hasta esa zona de frontera entre Colombia y Ecuador, en donde los campesinos aseguran que impedir el paso de la tropa es un sentimiento de la comunidad y exigieron pruebas al estado colombiano de que están siendo utilizados por grupos armados ilegales.
Los labriegos coinciden que, por mandato constitucional, el Ejército no tiene sitios vedados, pero de algo si están seguros y es de que la desconfianza es total, porque por décadas, según ellos, han aguantado los atropellos de la Fuerza Pública cada vez que llega a sus territorios, en donde los estigmatiza acusándolos a todos de "ser guerrilleros o narcotraficantes".
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Para ellos, todos los abusos de autoridad que se han registrado por años a hecho que hoy no confíen en nadie y piden que se respete sus derechos. Además dicen ser conscientes que ya lo han intentado varias veces y es dejar los cultivos ilícitos, pero el estado colombiano supuestamente nunca les cumple con los programas anunciados.
Por su parte, el oficial a cargo de más de dos pelotones de la fuerza de despliegue rápido fudra cinco, capitán Pineda, manifestó que ellos están cumpliendo un mandato consagrado en la constitución de proteger a la comunidad y que su estadía en el lugar es solo operacional para poder brindar una mayor seguridad a todos los habitantes como hasta hoy se ha hecho.
El oficial aseguró que en seis días que llevan en esa zona han logrado desactivar, al menos, seis artefactos explosivos que eran trampas mortales para la misma comunidad.
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Finalmente, aseguró que ellos no llegaron para maltratar o robar a las comunidades, sus hombres, dijo, están entrenados para respetar la vida de los civiles y pidió de la comunidad respetar también los derechos de los militares.
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