El reciente Decreto 1166 de 2025, firmado por el Gobierno nacional el 4 de noviembre, abre una fuerte controversia en el sector de la construcción y la política local. La norma, expedida por el presidente Gustavo Petro y la ministra de Vivienda Helga María Rivas, establece condiciones especiales para ejecutar obras de mejoramiento, vivienda progresiva o construcción en sitio propio cuando se trate de proyectos financiados con subsidios familiares de vivienda.
En términos prácticos, el decreto permite que los beneficiarios de subsidios estatales puedan construir o mejorar sus viviendas sin necesidad de tramitar una licencia de construcción tradicional, siempre que cumplan con una serie de requisitos técnicos y de verificación que ahora serán avalados mediante una figura denominada “Carta de Responsabilidad”.
La medida fue rechazada por la concejal de Bogotá Sandra Forero, expresidenta de Camacol, quien en su cuenta de X afirmó que el decreto “mina la institucionalidad y la formalidad del sector”, al eliminar uno de los mecanismos más importantes de control urbano: la licencia de construcción.
Otra perlita que nos meten @petrogustavo y su fiel ministra @HelgaMaRivasAr!!!
— Sandra Forero Ramírez (@Sandra_ForeroR) November 8, 2025
Mediante el decreto 1166 del 4 de Noviembre de 2025, se crean condiciones especiales (básicamente eliminar la licencia de construcción) para la realización de intervenciones en las modalidades de… pic.twitter.com/sfwblyCe2P
“Es decir, vivienda sin licencia con plata del Estado”, escribió Forero, cuestionando que el Gobierno destine recursos públicos a proyectos que, según ella, quedan por fuera del marco formal de regulación.
En este caso no se trata de una eliminación total de la licencia de construcción, la flexibilización condicionada del decreto especifica que la excepción solo aplica cuando el proyecto es financiado con subsidios estatales, nacionales o locales, y busca facilitar el acceso a vivienda digna en sectores vulnerables, donde los trámites urbanísticos suelen ser un obstáculo para la ejecución.
En lugar de una licencia, el Ministerio de Vivienda exige que un profesional idóneo (ingeniero, arquitecto o técnico certificado) emita la Carta de Responsabilidad, un documento que certifica el cumplimiento de las normas urbanísticas, de sismo-resistencia y de seguridad estructural. Además, los proyectos deben registrarse ante las autoridades locales, sin pasar por el trámite formal de licenciamiento.
El decreto también contempla la creación de una estrategia de fortalecimiento técnico para capacitar a los profesionales y entidades encargadas de supervisar estas obras, de modo que las intervenciones sigan los estándares de calidad y seguridad. Según el texto, esta estrategia deberá implementarse en un plazo máximo de seis meses.
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Acontinuación, consulte el Decreto 1166 de 2025:
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