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El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), confirmó que el Gobierno nacional ya realizó el primer giro de 20.000 millones de pesos destinados a garantizar el cumplimiento de las sanciones que se impondrán al último secretariado de las Farc y a los 12 militares del Batallón de la Popa.
Estas sanciones se relacionan con graves crímenes: los más de 21.000 secuestros reconocidos por la antigua guerrilla y las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Valledupar entre 2002 y 2005 por miembros del Ejército.
De acuerdo con Ramelli, los recursos buscan asegurar que las medidas restaurativas y reparadoras ordenadas por la JEP se ejecuten de manera efectiva, garantizando la centralidad de las víctimas en los procesos de justicia transicional.
El magistrado también informó que el Ministerio de Defensa trabaja en un borrador de decreto para definir las condiciones de habitabilidad de los comparecientes, tanto de los exintegrantes de las Farc como de los exmilitares. Este documento establecerá los lineamientos sobre los lugares y condiciones en los que cumplirán sus sanciones, en concordancia con lo estipulado por la jurisdicción.
La confirmación del giro de recursos y los avances normativos se dan a pocas semanas de que la JEP presente las primeras sanciones en firme contra altos responsables de la guerra, en lo que representa un paso crucial hacia la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del conflicto armado colombiano.
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