La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanza hacia un momento histórico en el proceso de justicia transicional. El próximo 15 de septiembre de 2025 será la fecha clave en la que se darán a conocer las sanciones contra integrantes del antiguo Secretariado de las Farc y contra miembros de la Fuerza Pública implicados en graves violaciones a los derechos humanos.
Se trata de dos macrocasos emblemáticos: por un lado, los secuestros masivos cometidos por la extinta guerrilla, y por el otro, los falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como bajas en combate. Ambos procesos ya cuentan con proyectos de sentencia radicados ante la Sala de Reconocimiento de la JEP, luego de años de audiencias, investigaciones y reconocimientos de responsabilidad.
Durante las diligencias realizadas entre el 31 de julio y el 1 de agosto de este año, los excomandantes de las Farc reconocieron su responsabilidad en más de 21.000 secuestros y en el reclutamiento forzado de 18.000 menores de edad, crímenes que marcaron profundamente a miles de familias en el país. En paralelo, los exmiembros de la Fuerza Pública aceptaron su participación en la práctica de ejecuciones extrajudiciales, uno de los episodios más dolorosos del conflicto armado.
Las sanciones que impondrá la JEP no serán de prisión ordinaria, sino de carácter restaurativo y reparador, con un máximo de ocho años de cumplimiento. Estas penas incluyen restricciones a la libertad y la obligación de realizar trabajos de contenido restaurador o reparador (TOAR), enfocados en beneficiar directamente a las comunidades y a las víctimas. Además, la justicia transicional evaluará si es posible descontar el tiempo ya invertido por algunos comparecientes en dichas actividades.
Los proyectos de fallo fueron elaborados por los magistrados Ana Manuela Ochoa Arias y Camilo Andrés Suárez Aldana, y serán revisados por la sección de primera instancia, integrada por Juan Ramón Martínez Vargas, Zoraida Anyul Chalela Romano y Roberto Carlos Vidal López.
La decisión del 15 de septiembre no solo marcará un precedente en la justicia transicional colombiana, sino que también pondrá a prueba la capacidad del país de avanzar hacia la verdad, la reparación y la no repetición, respondiendo al clamor de miles de víctimas que esperan justicia.