Los miembros del antiguo secretariado de las Farc han cuestionado recientemente algunas decisiones de la JEP pues consideran que no ha cumplido con su deber y que además no tiene en cuenta lo acordado durante las negociaciones en La Habana.
Además, hablaron sobre la posibilidad de impulsar una ley de punto final, con un tribunal de cierre. En las últimas horas el expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió a esta posibilidad y asegura que una ley de punto final es inaplicable en el país.
“La ley de punto final: es inaplicable en Colombia. De manera pública he propuesta una amnistía política, no penal, por una vez, para recuperar derechos políticos de condenados. Será necesario dado el antecedente de impunidad absoluta con la Farc y aquello que se asoma con el ELN y otros. Confieso que tengo interés en mis compañeros de Gobierno, condenados por nombrar un notario o por renovar un contrato a un médico. No se robaron un peso”, señaló Uribe.
El expresidente Álvaro Uribe también se refirió a la designación de gestor de paz que le hizo el Gobierno al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.
Que Mancuso sea gestor de paz para algunos conviene y para otros no. Las razones tienen más intención de amenaza política que de paz. Pero la discriminación es inexplicable. Los hay que fueron extraditados, tuvieron muchos años de cárcel en los Estados Unidos, regresaron y continúan presos en Colombia
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Y agregó "Tenemos ejemplos como Rodrigo Tovar (Jorge 40) o Carlos Jiménez (Macaco). ¿Qué tienen qué decir para que los nombren gestores de paz, deben acusarme? No los conozco, ni un saludo me he cruzado como en varias ocasiones lo hice con Mancuso”, dijo el expresidente".
"A la luz del derecho internacional hoy, por fortuna, no puede haber amnistías generales": JEP
A principios de febrero, los líderes de la antigua guerrilla de las Farc acusaron a la JEP de causar "serias alteraciones" a lo acordado en 2016, cuando acordaron dejar las armas, en una carta dirigida al presidente Gustavo Petro. En la misiva, que consta de tres páginas y está firmada por siete miembros del secretariado de lo que solía ser la organización rebelde más influyente del continente, señalaron a la Justicia Especial para la Paz (JEP) por "desviarse del espíritu y la letra de lo acordado" hace poco más de siete años.
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Roberto Vidal, presidente de la JEP, abordó en El Radar con Ricardo Ospina, la embestida tanto desde el Gobierno como desde las antiguas Farc en relación con las preocupaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Y agregó que “Ese es un campo en el que la Jurisdicción Especial para la Paz no tiene voz ni voto. En cambio, en el campo nuestro, que es el de ser una alta corte haciendo parte del poder judicial, administrando justicia, pues nuestra actividad se enmarca en la ley y la Constitución y no nos podemos involucrar en los debates políticos que proponen los actores en todo su derecho y en ese campo".
Y agregó “Una ley de punto final donde se perdona a todo el mundo, no respeta la verdad que es la solicitud de las víctimas, no respeta el reconocimiento de responsabilidad, no respeta el derecho a la reparación y lo más grave es que lo que se ha visto es que esas opciones, lo que se vuelven es una garantía de la repetición del conflicto”.
Declaraciones ponen en riesgo la JEP y su trabajo
Vidal mencionó si, según su concepto, la JEP se ve amenazada en el sentido de primero, que quienes deben someterse a ella consideren que que no está haciendo su trabajo de forma adecuada en manifestaciones públicas, pero además, proponiendo que se queden tribunales que estén por encima de ella y se pronunció sobre los pronunciamientos como los del suspendido canciller Álvaro Leyva, en el mismo sentido criticando a la JEP.
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El presidente de la JEP dio su opinión acerca de de los pronunciamientos del gobierno del presidente Petro contra la JEP, específicamente de la reiteración del canciller Álvaro Leiva ante el Consejo de Seguridad de la ONU señalando que la JEP le ha fallado al conflicto, al esclarecimiento de los hechos que se ha quedado corta y como lo dijo el presidente Petro plantea la posibilidad de crear un tribunal de cierre.
"El Gobierno nacional tiene la competencia para administrar la política de paz y para guiar las negociaciones de paz y para crear o modificar las instituciones que considere y hay un camino para que lo haga, que es presentar proyectos de ley y de reforma a la Constitución ante el Congreso de la República. Y esas son competencias que ellos tienen. Nosotros sobre eso no emitimos opiniones, simplemente respetamos la competencia del Gobierno para hacerlo”, mencionó.
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Finalmente, Vidal mencionó que si era posible, amparo de la jurisdicción internacional del Estatuto de Roma, crear una ley de punto final, un tipo de amnistía general en Colombia y fue claro en su respuesta. Además, fue enfático en mencionar que esa posibilidad está cerrada porque justamente una ley de amnistía general de perdón y olvido es que borrará los derechos de las víctimas. Además, indicó que no respetaría la verdad.
“Una ley de punto final donde se perdona a todo el mundo no respeta la verdad que es la solicitud de las víctimas, no respeta el reconocimiento de responsabilidad, no respeta el derecho a la reparación y lo más grave es que lo que se ha visto es que esas opciones, lo que se vuelven es una garantía de la repetición del conflicto. Hoy en día bajo el derecho internacional, eso no resulta posible por fortuna”, indicó.
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