El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad por la Paz (Sintrasepaz), expresó su rechazo a la resolución No. 1458 de 2025, expedida por la Dirección General de la Unidad Nacional de Protección (UNP), al considerar que esta vulnera de forma directa los derechos laborales de los escoltas que integran el programa especializado y afecta la operatividad del mismo.
Según el comunicado oficial, la resolución impone nuevas condiciones para la legalización de viáticos, como la exigencia de facturas electrónicas expedidas por hoteles formalmente registrados. Esto, afirman desde el sindicato, desconoce el enfoque territorial del programa, que opera principalmente en veredas, corregimientos y municipios apartados donde no existe oferta hotelera formal.
“La mayoría de nuestras misiones de protección se desarrollan en zonas de difícil acceso, sin infraestructura turística o comercial formalizada”, indica el documento, que alerta sobre el riesgo de que el nuevo requisito deje sin posibilidad de legalización a escoltas que cumplen sus labores en regiones históricamente excluidas.
A ello se suma el incremento en los requisitos administrativos. La resolución añade controles como registros fotográficos, reportes, aplicaciones de rastreo y otros procedimientos que, según Sintrasepaz, sobrecargan al personal operativo y generan un ambiente de sospecha. Además, no se consideran las limitaciones tecnológicas en muchas zonas rurales del país.
El sindicato también denunció el incumplimiento del acuerdo sindical singular, firmado en 2024, en el que se reconocía el reembolso de gastos de transporte bajo modalidad de kilometraje. La resolución 1458 elimina este reconocimiento, lo cual fue calificado por Sintrasepaz como un acto administrativo “que quebranta principios de buena fe, estabilidad normativa y respeto a la negociación colectiva”.
Por todo lo anterior, Sintrasepaz exige la derogatoria inmediata de la resolución o, en su defecto, la modificación sustancial de los artículos que imponen barreras incompatibles con la realidad operativa del programa especializado.
“El respeto a los derechos laborales de las y los escoltas que cumplen funciones vitales para la garantía de derechos humanos en Colombia no puede ser negociable”, concluye el sindicato.
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