El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que en el consejo de seguridad, el presidente Gustavo Petro reiteró que no se pactará un cese al fuego con el Estado Mayor Central, pero que además, se cierra la puerta a la posibilidad de diálogo con las disidencias de 'Iván Mordisco' en el suroccidente del país hasta que esta organización no se desvincule del narcotráfico."El presidente Gustavo Petro afirmó que no puede pactarse un nuevo cese con el EMC y que inclusive cualquier conversación con esta organización no puede adelantarse si no es con la base del desmantelamiento de sus economías ilícitas", dijo el ministro.Velásquez explicó que los diálogos con los grupos de disidentes a cargo de alias 'Calarcá' seguirán en la mesa de negociaciones y bajo el cese al fuego acordado.El jefe de la cartera aseguró que las Fuerzas Militares y la Policía adelanta una ofensiva en contra de los cabecillas de esta organización criminal a través de la operación Cauca, que ya permitió la captura de 300 personas.El presidente Gustavo Petro llegó a Popayán para enfrentar la crítica situación de orden público en el departamento por cuenta de los recientes ataques de las disidencias en Morales, municipio en el que dos policías resultaron muertos por el ataque a una estación.
En un reportaje de Noticias Caracol, Los Informantes se adentró en las montañas del Catatumbo, cerca de Tibú, para entrevistar a alias 'Andrey' Avendaño, uno de los líderes de las disidencias de las Farc que actualmente negocia con el Gobierno colombiano. En sus declaraciones, 'Andrey' expresó un escepticismo contundente sobre la viabilidad de la paz total promovida por el presidente Gustavo Petro.'Andrey' Avendaño, comandante de una facción del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, aseguró que no hay intenciones de desmovilización ni de entrega de armas por parte de su grupo. “Yo te puedo afirmar con plena certeza de que las Farc hoy no está pensando en entrega de armas, ni estamos pensando en desmovilización. Estamos pensando en mejorar las condiciones de vida para quedarnos en todas estas regiones produciendo y trabajando y siendo algo útil para la Nación”, afirmó Avendaño.Este grupo disidente, que se dividió en dos tras diferencias internas, está liderado por 'Iván Mordisco' en una facción y por 'Andrey Avendaño' en la otra. La división se profundizó cuando el Gobierno ordenó operaciones militares contra los responsables del asesinato de la lideresa indígena Carmelina Yule, lo que llevó a Mordisco a retirarse de la mesa de negociaciones.'Andrey', cuyo verdadero nombre es Carlos Eduardo García Téllez, detalló que su grupo está enfocado en mejorar las condiciones de vida en las regiones donde operan, y que no consideran viable la desmovilización sin una inversión social significativa del gobierno. Además, señaló la falta de coherencia dentro del Gobierno respecto a la paz total: “Pienso que en el Gobierno no hay sintonía. El ministro dice una cosa, el presidente dice otra, o sea, como que no hay sintonía en cuanto a los objetivos de la paz total”.Con entre 5.000 a 6.000 hombres bajo su mando en la región, 'Andrey' subrayó que su grupo se financia mediante impuestos a economías ilegales, como la extracción de oro en el sur de Bolívar. En cuanto al cese al fuego, criticó su implementación parcial y la falta de coordinación con sus delegados.La entrevista, grabada en un entorno controlado por las disidencias, revela las profundas divisiones y la crisis dentro de las Farc disidentes, con solo un 40 % de sus miembros participando en el proceso de paz. Avendaño concluyó con una crítica directa al Gobierno: “Lo que uno percibe es que ya con el poco tiempo que hay no vamos a lograr materializar nada”.
La Fundación para el Estado de Derecho demandó la resolución con la cual se le otorgó el estatus político a la Segunda Marquetalia, grupo comandando por alias ‘Iván Márquez’, quien abandonó el proceso de paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las Farc.Según la demanda presentada, el acuerdo de paz “prohíbe volver a adelantar negociaciones de paz con los miembros de las Farc, que una vez desmovilizados volvieron a delinquir. El acuerdo obliga a los excombatientes a honrar sus compromisos, so pena de aplicar la regla constitucional, según la cual, no podrán adelantar nuevas negociaciones de paz con el Estado. Esta consecuencia es por incumplir el acuerdo que se estableció en la Constitución y fue ratificada por el Congreso en la ley de paz total del 20220”.Disidencias de las Farc patrullaron y amenazaron a policías en Santander de QuilichaoLas negociaciones de carácter político entre el Gobierno y las disidencias de la Segunda Marquetalia iniciarán en los primeros días del mes de junio.“Respecto a los reincidentes de este grupo armado, la ley de paz total establece que deben ser consideradas como estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. Con esas estructuras se deben adelantar acercamientos con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento y se prohíbe adelantar nuevos acuerdos de paz”, explica la Fundación para el Estado de Derecho.JEP acredita como víctima a Vargas Lleras por dos atentados de las extintas Farc
Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, expresó en Mañanas Blu con Camila Zuluaga su “preocupación” por el documento presentado por el ELN en las negociaciones de paz. Según comentó, “excede el mandato del Comité Nacional de Participación e introduce propuestas que sustituyen la Constitución” política del país. Chacón señaló que el proceso de negociación fue concebido para promover la participación de los distintos sectores en el marco del proceso de paz, pero no para impulsar un proceso constituyente. Además, resaltó que el tiempo asignado para discutir y aprobar este tipo de documentos es insuficiente, lo cual va en contra de lo acordado previamente. “Muy preocupados porque, entre otras cosas, el documento que excede de lejos el mandato del Comité Nacional de Participación, pero que, además, quien lea ese documento entenderá que genera mucha preocupación porque básicamente estamos sustituyendo la Constitución política de Colombia, las instancias democráticas como es el Congreso, como son las cortes y como es el propio ejecutivo", explicó. En cuanto al contenido del documento, Chacón destacó que se plantean transformaciones en el régimen político, el modelo económico y la situación ambiental. Sin embargo, consideró que estas son decisiones que corresponden al Congreso y que deben tramitarse por vía legislativa. En ese sentido se refirió a su preocupación por la falta de garantías de seguridad para los participantes, especialmente, aquellos que han sido amenazados.Chacón advirtió que este tipo de proceder debilita la confianza en el proceso de negociación y pone en riesgo la legitimidad de las decisiones que se tomen. Asimismo, criticó que el documento enviado por el ELN no refleja las diversas posturas y cuestionamientos que se han planteado en las varias reuniones.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga:
Blu Radio llegó hasta la polvorería El Vaquero en Soacha, Cundinamarca, luego de la explosión registrada en la tarde del miércoles en la que murió una persona y otras 34 resultaron heridas. En la mañana de este jueves aún se ve una columna de humo del incendio que se produjo a raíz de la explosiónAl lugar ya comenaron a llega esta mañana los organismos de emrgencia para continuar con las investigaciones.La explosión en SoachaLa explosión de la fábrica 'El vaquero' dejó una mujer muerta y al menos 34 heridos, que fueron trasladados a centros de asistencia médica, sin que por el momento se conozca su situación, aunque varios estarían en estado grave, informaron las autoridades.Hasta el lugar se trasladaron varias dotaciones de bomberos, además de la presencia de unidades antiexplosivos de la Policía y miembros de Defensa Civil para un total de 200 unidades de socorro que llegaron al lugar de los hechos, detalló Sánchez a los medios.Las imágenes que circularon en redes sociales mostraban una gran columna de humo blanco.Listado de heridos en polvorería en SoachaEste es el listado de heridos, de acuerdo con información entregada por las autoridades:
Estos fueron los temas tratados y debatidos este miércoles, 22 de mayo, en Bla Bla Blu:Las emprendedoras Isabella Villa e Isabella Posada dieron instrucciones a los oyentes sobre cómo crear una marca, en su caso INTO. Además, compartieron la experiencia de tener una colaboración con Adidas para el Día de las madres.La música llegó con el artista Fifty, quien contó detalles sobre el lanzamiento de 'Yo soy Fifty' el primer EP del samario.Escuche el programa completo en el siguiente enlace:
Que un billete, al retirar plata en un cajero, salga una falso es uno de los temores mayormente difundidos entre todos los usuarios de entidades bancarias, Nequi incluido.¿A quién debo reclamar en caso de que un billete salga falso al hacer un retiro? ¿Cómo hago para comprobar que ese billete sí salió del cajero al hacer el retiro? Estas son algunas de las preguntas que, seguramente, usted se hace.Qué hacer si me sale un billete falso al sacar plata de NequiRecordemos que Nequi es una entidad que pertenece a Bancolombia, por lo tanto, al revisar la documentación del banco, dice lo siguiente:“Acércate a una de nuestras oficinas (excepto en Banca Supermercado), con los billetes (falsos y en mal estado) y haz una radicación de reclamo. Ten presente que el tiempo de validación y respuesta para determinar si aplica el pago temporal depende de cada Sucursal. Encuentra nuestros canales físicos con el Buscador de Sucursales”, dice Bancolombia.Al llegar a la oficina, el banco le presentará un formulario para que presente la queja. Tenga en cuenta los siguientes datos:Los billetes presuntamente falsos.Número de los billetes.Denominación de los billetes.Número de la tarjeta con la que hiciste la transacción.Cajero donde hiciste el retiro.Fecha de la transacción.Número telefónico de contacto.Dirección de residencia.¿Consejos de seguridad de Nequi?En caso de que usted haya sido víctima de estafa a nombre de Nequi, algo que se ha convertido en un dolor de cabeza para muchos usuarios, lo primero que debe hacer es llamar a Nequi para recibir instrucciones claras sobre los pasos que debe seguir.Recuerde que puede llamar a Nequi al número (+57) 3006000100 o a través del chat: https://www.nequi.com.co/chat/.Recuerde que debe denunciar ante las autoridades competentes los hechos, pero también tenga en cuenta los siguientes consejos para evitar ser víctima de estafa:Si le informan que le han realizado un pago, le recomiendo revisar detalladamente sus Movimientos. No debe confiarse únicamente de un pantallazo. En ningún momento Nequi solicita información confidencial como claves o códigos a través de correos electrónicos o llamadas. Es importante que nunca comparta su contraseña con terceros.Para recargar su cuenta Nequi, le sugiero que acceda al sitio web oficial www.nequi.com.co y busque la opción 'Recargas'. Cualquier otro portal de recargas es fraudulento. • Le recomiendo solicitar préstamos formales únicamente a través de entidades confiables y respaldadas, que ofrezcan condiciones claras desde el inicio.Los préstamos de Nequi solo pueden obtenerse mediante la aplicación móvil oficial. Cualquier enlace externo, intermediario o tercero que promocione y cobre por un crédito a nombre de Nequi es falso.El proceso de solicitud de préstamos en Nequi es gratuito y se realiza al 100% a través de la aplicación. No se deje engañar por terceros que pretendan ser el "puente" para que Nequi le desembolse el préstamo y luego le cobren para transferirle los fondos.Le recomiendo revisar cuidadosamente los remitentes de los correos electrónicos o mensajes de texto que reciba ofreciendo un préstamo.En el blog ‘Metidas de Plata’ https://metidasdeplata.nequi.com.co/ puede encontrar más información sobre cómo gestionar sus finanzas de manera segura.
En el Aeropuerto Palonegro de Lebrija, Santander, fue recibido por miembros de la Policía, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, y los comandantes de la Policía de la región, el cuerpo del patrullero Jaime Andrés Calderón Reyes, quien fue asesinado en Morales, Cauca, en el atentado de las disidencias de las Farc a la estación de Policía.En la terminal área le rindieron honores al uniformado quien entregó su vida en cumplimiento del deber.Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al municipio de Molagavita donde fue recibido con calle de honor y la banda municipal, en una caravana por todo el casco urbano encabezada por miembros de la Policía que, en vehículos, acompañaron el recorrido del carro fúnebre.Desde la Gobernación de Santander, el secretario del Interior, Oscar Hernández, envió un mensaje de solidaridad a la familia del patrullero Calderón. “Primero expresar condolencias a toda la familia del uniformado Jaime Andrés Calderón quien entregó su vida, y un acompañamiento también para ellos que han perdido a un ser querido”, manifestó el funcionario.La familia del uniformado, quien prestaba servicio en la estación de Morales, Cauca, cuando fue ataca por disidencias de las Farc, contó que siempre les pedía que rezaran por él y que Jaime sabía que estaba en una zona difícil de orden público.“Él sabía que estaba en una zona peligrosa, pero lo único que pedía era que rezáramos por él y nosotros, la familia, el papá, la mamá, todo, eso era lo que hacíamos y lo encomendábamos a Dios porque eso es lo único que como madre, tía y familia uno puede hacer”, expresó Alix Calderón, tía del uniformado.Tras la noticia del ataque, se conocieron audios en los que Jaime pedía ayuda a sus superiores.“Necesitamos apoyo urgente. El apoyo está coordinado para llegar hasta el punto, ánimo compañero. Nos levantaron a tatucos. Me dieron mi sargento, no me deje morir, el apoyo en tierra, por favor el apoyo en tierra, colabóreme con el apoyo”, esa fue la conversación que tuvo el agente de Policía Calderón Reyes con sus superiores antes de morir.Jaime estaba casado y tan solo hace tres meses había nacido su hijo que hoy queda huérfano de padre por culpa de la violencia.
En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, defendió al expresidente Álvaro Uribe frente a las acusaciones del presidente Gustavo Petro y afirmó categóricamente que Uribe no está incitando a las fuerzas armadas a desobedecer al presidente Petro, desmintiendo así las declaraciones de Petro sobre un posible golpe de estado.Esto luego de que el enfrentamiento político entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Uribe se intensificara cuando Petro acusó a Uribe de incitar a la desobediencia militar. Cabe recordar que estas acusaciones surgieron después de que Uribe, en un evento universitario, cuestionara las órdenes del Gobierno hacia las fuerzas armadas, declaraciones que fueron interpretadas por algunos, como el embajador Roy Barreras, como un llamado a la insubordinación.“En ningún caso el presidente Uribe está llamando a un alzamiento de las fuerzas armadas, está llamando a las fuerzas armadas a cumplir su deber. El expresidente Uribe viene hablando claro de la situación de orden público y dice que las fuerzas militares tienen las manos atadas”, dijo Valencia, quien argumentó que Uribe se limitó a citar la Constitución, la cual ordena a las fuerzas armadas garantizar la seguridad y el orden público.“Petro refleja su fracaso en un supuesto golpe de Estado”Valencia también sugirió que sus acusaciones de Petro podrían ser producto de una profunda frustración del presidente, que, según dijo, ha visto como su sueño de ser un gran mandatario se le escapa de las manos. Según la senadora, Petro estaría buscando una narrativa heroica similar a la de Salvador Allende para justificar su gestión y enfrentar la oposición."Yo creo que aquí estamos viviendo un fenómeno muy complejo, que es que el presidente Petro tiene una enorme frustración. Encontrarse con la mediocridad de su Gobierno, con la ineptitud de su Gobierno, tiene que ser muy difícil", dijo Valencia.Uno de los puntos más álgidos de la entrevista fue el debate sobre los ceses al fuego con los grupos ilegales. Valencia criticó duramente la gestión del presidente Petro en este aspecto, afirmando que los ceses al fuego no han sido bilaterales y han permitido que los grupos ilegales fortalezcan su control territorial."Los ceses al fuego no es que sean ilegales todos, pero el problema es la situación que está viviendo Colombia, donde usted tiene unas fuerzas armadas maniatadas por un lado por los ceses al fuego y por el otro lado unos grupos ilegales avanzando en el control territorial", explicó Valencia.La senadora también expresó su preocupación sobre las implicaciones de las políticas de seguridad del Gobierno Petro para la democracia en Colombia. Hizo referencia a informes que indican un aumento en el dominio territorial del ELN y las disidencias de las FARC, y cuestionó si la falta de acción del gobierno es intencional."La pregunta que nos hacemos los demócratas de este país es si esta negligencia en el manejo de la seguridad es negligencia o es un plan para imponer una constituyente", reflexionó Valencia.¿Qué dijo Uribe sobre las Fuerzas Militares?Durante un foro con estudiantes de derecho en la Universidad de la Sabana, el expresidente Álvaro Uribe abordó la situación en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.En su intervención, Uribe dirigió críticas hacia las Fuerzas Armadas, reprochando su falta de acciones ofensivas contra los grupos armados, que según él, se han fortalecido debido al cese al fuego impuesto por el Gobierno. Expresó su preocupación por la inactividad militar: “Lo peor para las Fuerzas Armadas es permanecer inactivas por órdenes del Gobierno, mientras este mismo estimula al ELN y al movimiento del ELNa a presionar por una constituyente armada. No es aceptable que, por un lado, el Gobierno fomente una lucha armada y, por otro, las Fuerzas Armadas estén restringidas de proteger a los ciudadanos”, afirmó Uribe.Escuche la entrevista completa en el siguiente enlace:
La Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a entidades como la Interpol, la Dijin, la Registraduría Nacional y la Policía Nacional eliminar los antecedentes judiciales de 9.600 antiguos miembros de las extintas Farc que se acogieron al acuerdo de paz de 2016.De acuerdo con la JEP, estas personas no están vinculadas con crímenes de guerra o de lesa humanidad, sino delitos meramente políticos, es decir, el hecho de haber pertenecido a un grupo insurgente como lo fueron las Farc en su momento.Frente a esto, la JEP considera que debe garantizarse la amnistía otorgada en 2017 por el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ya que no todas han sido materializadas.A la decisión, la JEP dio un plazo de 30 días para que se brinde la información a las autoridades correspondientes e inicie el proceso de limpiar los expedientes criminales que estén a nombre de los 9.600 firmantes.Siendo así, apenas se materialice el proceso de amnistía, ninguna de estas 9.600 personas tendrá registros negativos y podrán acceder a una estabilidad laboral, así como a la libertad financiera.
En una reveladora declaración ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el exdirector del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Carlos Eduardo Reyes Jiménez, reveló los detalles de su conexión con grupos paramilitares en el marco del subcaso Gran Magdalena del Caso 08, que investiga crímenes ocurridos durante el conflicto armado.Reyes señaló nombres de funcionarios públicos y terceros civiles que, aprovechando su posición en el Incoder, facilitaron operaciones que promovieron desplazamientos forzados, legalización del despojo de tierras mediante compras a precios ínfimos, acaparamiento y reasignación de tierras a través de trámites irregulares en municipios del corredor minero de Cesar.Salvatore Mancuso definió su posición frente a tutela que pretende tumbar ingreso a la JEPEstas acciones sé habrían realizado en colaboración con los frentes 'Mártires del Cacique de Upar' y 'Juan Andrés Álvarez Pastrana' del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), además de satisfacer intereses de actores económicos privados locales.El exdirector también explicó ante la magistratura cómo se manipulaban los mecanismos legales para desplazar y despojar de sus tierras a campesinos, y cómo posteriormente esos predios eran legalizados y transferidos a testaferros de las AUC o terceros civiles afines a estos grupos.“Farc sometieron a trabajos forzados a secuestrados en su poder para sancionarlos”: JEPLa información que logró recopilar la magistratura permitirá analizar, identificar y entender los patrones de delitos graves en esta área del país dirigidos contra propietarios de tierras en al menos 11 sitios, y mostrar cómo el desplazamiento forzado y la confiscación de tierras están vinculados directamente con redes criminales.La diligencia se realizó de manera reservada y fue presidida por el magistrado Óscar Parra Vera, relator del subcaso Gran Magdalena, del Caso 08.
El Tribunal de la Paz de la JEP confirmó la acusación de esclavitud y secuestro contra el exsecretariado de las Farc-EP por su participación en crímenes de guerra, incluyendo la toma de rehenes y severas privaciones de libertad, además de otros delitos cometidos por la disuelta guerrilla.Al respecto, el magistrado Camilo Suárez explicó en Meridiano Blu los detalles de esta decisión en la JEP. Para esta imputación se tuvo en cuenta la verificación, contrastación y análisis de las diferentes pruebas que recaudó la sala de macrocasos durante, aproximadamente, cinco años."En el macrocaso 01, que tiene que ver con la toma de rehenes, lo que hace la sección es verificar las conductas, hechos y calificaciones jurídicas se corresponden, es decir, si es adecuadamente conforme a la ley. La sala ya había planteado que el secretariado de las Farc había cometido el crimen de esclavitud y lo que está haciendo el tribunal es, conforme a las pruebas que se recaudaron, encontrar que el delito de esclavitud sí se dio y por esa razón es un crimen concurrente", detalló el magistrado Suárez.Procuraduría interpone tutela para ‘tumbar’ la acogida de Mancuso en la JEPEl magistrado recalcó que, desde el secretariado de las Farc, se creó una política y unos patrones que realizaron los diferentes bloques de la estructura criminal para realizar la toma de rehenes o secuestro."Lo que se evidencia es que hubo falta de control, a pesar de tener información, antes, durante y después de la conducta por parte de quienes integraban la cúpula de esta organización no se tomó ninguna acción para que evitar que esta conducta se cometiera", añadió el magistrado.Trabajo forzadoLos secuestrados también fueron sometidos a trabajo forzado en la selva, desmonte de estructuras, es decir, realizar actividades que eran de interés de las Farc."Muchos de estos trabajos eran para sancionar o para castigar o acciones a quienes se consideraban enemigos. Varios de los comparecientes reconocieron esas actividades", añadió el magistrado Camilo Suárez.
El Tribunal para La Paz ratificó la imputación por esclavitud y secuestro al exsecretariado de las Farc-EP por haber cometido crímenes de guerra de toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por la extinta guerrilla.“El tribunal adoptó esta decisión con aplicación de las diferentes fuentes de derecho que se imponen a esta jurisdicción, facultad que se conoce como calificación jurídica propia, armonizando de manera adecuada el Derecho Penal Nacional y el Derecho Penal Internacional”, dijo el magistrado Camilo Suarez.Procuraduría interpone tutela para ‘tumbar’ la acogida de Mancuso en la JEPLos comparecientes por el caso 01 son:Rodrigo Londoño Echeverri, conocido durante el conflicto armado como ‘Timochenko’, fue el último comandante en jefe de las Farc-EP, desde la muerte de 'Alfonso Cano' en 2011, hasta la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016. Su periodo de comandancia se caracterizó por las negociaciones de paz realizadas con el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018).Pastor Lisandro Alape Lascarro, conocido durante el conflicto armado como ‘Pastor Alape’, fue comandante del Bloque Magdalena Medio de las Farc-EP desde su creación en 1993, hasta la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016.Milton de Jesús Toncel Redondo, conocido durante el conflicto armado como ‘Joaquín Gómez’, fue comandante del Bloque Sur de las Farc-EP desde 1993, al asumir ese rol desde la formación de esa estructura en la VIII Conferencia Nacional Guerrillera, hasta su reincorporación a la vida civil. Fue miembro del Secretariado desde 2008 y del Estado Mayor Central desde 2005.Jaime Alberto Parra Rodríguez, conocido durante el conflicto armado como ‘Mauricio Jaramillo’ o el ‘Médico’, fue el último comandante del Bloque Oriental de las Farc-EP desde 2010 hasta 2016. Desde 1993 era miembro del Estado Mayor del Bloque Oriental, y de 2003 a 2006 fue el segundo comandante del Bloque Oriental por debajo de 'El Mono Jojoy'.Julián Gallo Cubillos, conocido durante el conflicto armado como ‘Carlos Antonio Losada’: desde 1984 y hasta 2007 tuvo como responsabilidad la organización clandestina de las redes urbanas de las antiguas Farc-EP en Bogotá, donde residió hasta el año 2000, cuando se trasladó a San Vicente del Caguán. Desde entonces y hasta 2007, según su propia versión, continuó desde zona rural de Cundinamarca y Meta bordeando el páramo de Sumapaz.Pablo Catatumbo Torres Victoria, conocido durante el conflicto armado como ‘Pablo Catatumbo’, fue comandante de la Columna Móvil Alirio Torres y miembro del Estado Mayor del Bloque Móvil 'Arturo Ruiz' desde 1997. Su trayectoria se desarrolló principalmente en el Occidente del país. Fue designado como titular del Estado Mayor Central de las Farc-EP en 2000 y en 2002 como comandante de la Columna Móvil Arturo Ruiz.Rodrigo Granda Escobar, conocido durante el conflicto armado como ‘Ricardo Téllez’: fue designado integrante del Estado Mayor Central en la VIII Conferencia Nacional Guerrillera en 1993. En 2004 fue nombrado en el Estado Mayor del Bloque Caribe. En 2011 fue nombrado suplente del secretariado.Lo que se viene en este caso 01 que tiene 21.396 víctimas es una audiencia donde ellas participarán junto con los comparecientes y el ministerio público.Será un espacio judicial para que la Sección verifique que se cumplen la contribución a la verdad y la forma de reparación, en el marco del Sistema Integral para la Paz; con base a esto se determinará la duración de la sanción propia que la conforma el componente de restricción de derechos, libertades y el restaurativo. Estas oscilarán entre los 5 y 8 años y serán verificadas y monitoreadas por la Sección con la participación de Naciones Unidas.Corte Penal Internacional apoya el papel de la JEP en la justicia colombiana
La delegación del gobierno en la mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional ELN, le solicitó al presidente Gustavo Petro tomar una decisión para definir el rumbo de las negociaciones con el ELN.A través de un comunicado, Vera Grabe e Iván Cepeda, jefes de la delegación de paz del Gobierno sostienen que no se puede adelantar un proceso de negociación con dos instancias de una misma organización. En este caso, la delegación de la mesa nacional del ELN y el frente que opera en el departamento de Nariño. Pues señalan que “tal circunstancia es jurídica y políticamente inviable”.La fragmentación o crisis interna del ELN había sido advertida esta semana por Otty Patiño, alto comisionado para la Paz, en un debate de control político en la Cámara de representantes donde fue citado para conocer los avances de la paz total. El comisionado aseguró que es necesario primero resolver sus divisiones internas para comunicarle al Gobierno qué camino quieren tomar.Secuestran a soldado en el Cauca: "Se encontraba en estado de indefensión""Que hagan su congreso, sexto congreso porque el último lo hicieron en el 2015 y esperar a ver qué decisión tienen, si seguir en la guerra o emprender un camino de paz", agregó Otty Patiño.En el marco de este escenario, cabe recordar que la delegación del ELN le pidió al Gobierno suspender el diálogo paralelo con el Frente Comuneros del Sur en Nariño, pues lo consideran una traición a lo pactado en los acuerdos de la mesa.Esta semana se llevó a cabo en Caracas, Venezuela, un encuentro extraordinario entre la delegación del Gobierno Nacional y el ELN para descongelar las conversaciones. Sin embargo, no hubo avance alguno, lo único pactado fue que entre el 20 y 25 de mayo tendrán nuevos encuentros en ese mismo país para continuar los diálogos de paz.
El pasado mes de enero el ELN se había comprometido a suspender el secuestro extorsivo por seis meses, tras el sexto ciclo de negociaciones de paz con el Gobierno nacional. En esa ronda de diálogos se acordó la creación de un fondo multidonante para financiar las iniciativas del proceso de paz, más no al grupo. Aún el fondo no está constituido y por eso la guerrilla decidió levantar su compromiso frente a la suspensión del secuestro."A la fecha, 3 de mayo, el fondo aún no está constituido, el Gobierno muestra poca voluntad para avanzar en este campo. Dado lo anterior, el ELN da por terminado su oferta de suspensión unilateral de retenciones económicas", señaló el Comando Central de la guerrilla en un comunicado.En una rueda de prensa, la jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con la guerrilla, Vera Grabe, dijo que el fondo está pensado para desarrollar actividades de paz y no está ligado de ninguna manera al fin del secuestro.Delegación de paz del Gobierno con el ELN está maniatada por divisiones en NariñoPor otro lado, el senador Iván Cepeda, quien hace parte de la delegación del Gobierno, aseguró que esta decisión constituía un incumplimiento por parte del ELN."El fondo no está pactado como una contraprestación y no es parte de una especie de transacción que haya hecho el Gobierno, es un compromiso distinto y tiene que ver con financiar actividades de paz, así que es claro que hay un incumplimiento del ELN a su compromiso ante el país y ante la comunidad internacional. Esa circunstancia obviamente motivará una reflexión en la delegación del Gobierno y estamos estudiando qué viene", manifestó Iván Cepeda.
“Somos autónomos y el comando central del Eln (Coce) no puede decir quién es o no guerrillero del ELN", dijo desde las montañas de Nariño Gabriel Yépez Mejía, alias 'HH', comandante del frente Comuneros del Sur, quien rompió su silencio y advirtió que no lo pueden responsabilizar de la crisis de la mesa de diálogos de paz, “porque si el “Coce” quiere romper los diálogos con el Estado colombiano que diga la verdad al país, pero que no coja de pretexto al frente Comuneros del Sur".En dialogo exclusivo con Blu Radio, el jefe guerrillero retó a 'Pablo Beltrán' y 'Antonio García', para que digan la verdad al país sobre los casos de narcotráfico al interior del ELN e insistió que el frente Comuneros del Sur está listo para la transformación de Nariño con un proceso transparente y serio que permita la dejación de armas antes que termine el gobierno del presidente Gustavo Petro.Movimiento políticoFirme en sus palabras, alias 'HH' dijo que al interior del frente Comunero del Sur hay unidad de mando y por eso aceptaron participar en los diálogos regionales que propuso el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, y están dispuestos a sentarse a dialogar con el Gobierno para llegar a un punto de acuerdo que les permita convertirse en un movimiento social y político para trabajar junto con las comunidades en la transformación de las zonas azotadas por la guerra.Yépez Mejía, alias 'HH' es el hombre fuerte del frente Comuneros del Sur de la guerrilla del ELN. Su ingreso a esta organización alzada en armas se produjo hace 33 años, sin embargo, desde el año 2022 el “Coce” lo tienen entre ojos porque, según alias 'Antonio García' comandante de esa organización rebelde, Yépez Mejía es un infiltrado de la inteligencia militar y está llamado a un proceso disciplinario interno por violar la política del ELN de deslinde categórico con el narcotráfico, articulado en operaciones con sectores de la inteligencia estatal.Alias 'HH' o 'Samuel' afirmó que en noviembre del año 2023 se reunieron en el resguardo de Mayasquer, zona rural del municipio de Cumbal, sur de Nariño, en la frontera entre Colombia y Ecuador, delegados de la guerrilla del ELN entre ellos Bernardo Téllez y Gustavo Martínez en donde se analizaron temas del proceso de paz a través de una pedagogía en la cual participaron comandantes del frente Comuneros del Sur y militantes de ese grupo subversivo.“Es extraño como si en noviembre del 2023 la delegación del ELN había informado al Gobierno sobre la supuesta infiltración de inteligencia militar, porque entonces no se dijo nada en ese encuentro de la frontera”, se preguntó Yépez.Aclaró que su participación en los diálogos regionales de paz no tiene reversa y muestra de ello son los protocolos que ya se firmó para iniciar un desminado humanitario en las zonas en Nariño donde el frente comuneros del sur ha hecho una presencia desde hace más de 32 años.“Somos una expresión más dinámica en la concepción y visión de paz que tenemos como territorio. Nosotros, ante el llamado de los nariñenses en cabeza del gobernador Luis Alfonso Escobar y de las comunidades de estas regiones en tratar de buscar una salida al conflicto, hemos centrado nuestra postura y nuestra posición es la de participar en unos diálogos regionales de paz en Nariño”, aseguró alias 'HH'.En ese encuentro el frente Comuneros del Sur dejó constancia de su postura de que está convencido de hacer parte de una transformación territorial en Nariño y aseguró que confía que antes de que termine el periodo de Gobierno del presidente Gustavo Petro, los integrantes del entre comuneros del sur podrían hacer el tránsito de la lucha armada para llegar a la política.Alias 'HH' invitó a la comunidad nacional e internacional a visitar a la comunidad del Nariño para hablar con la población y que ellos comuniquen qué está sucediendo en esa región.“Espero que 'Pablo Beltrán' y 'Antonio García' acepten un reto para que hagamos una visita para que el "Coce" venga a Nariño, pero que esa visita también se haga en el Catatumbo, porque el frente Comuneros del Sur tributa, pero en el Catatumbo regula y comercializa la droga”, señaló 'HH'.El jefe guerrillero reiteró que "toca decirle la verdad al país", ponerse "cara a cara" para que el país y la comunidad internacional conozca todo lo que ocurre en el ELN y, en el frente Comuneros del Sur.
Más de 700 organizaciones sociales de Colombia agrupadas en la Coordinadora Humanitaria entregaron este jueves un informe a la ONU en el que alertan que la expansión de los grupos armados ha aumentado un 36 % en el país en el primer trimestre de 2024."Hay una alerta por la afectación de 189 municipios del país (casi el 20 % del total)", se lee de un informe que estas organizaciones, de la mano del expresidente Ernesto Samper, entregaron al representante del secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu.La mayoría de territorios afectados son zonas que ya habían sido designadas como las más afectadas por el conflicto en el acuerdo de paz de 2016, pero además existe "un incremento del 36 % en la violencia territorial en 2024".El grupo con más presencia es el paramilitar Clan del Golfo, el principal grupo criminal del país, que tiene influencia en 60 zonas, seguido del Estado Mayor Central (EMC), el principal grupo de disidencias de las FARC, con presencia en 29 zonas, y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), presente en 26.Aumentan las acciones hostilesEl informe entregado también da cuenta de un aumento del 70 % en las acciones hostiles de grupos armados, a pesar de que también ha habido una reducción de un 32 % en posibles violaciones a los ceses al fuego en el primer trimestre de 2024.En total entre el 1 de enero y el 31 de marzo, estas organizaciones sociales registraron 272 eventos violentos, entre violaciones a los ceses al fuego y acciones hostiles, pero mientras las primeras han disminuido, las segundas han aumentado respecto al primer trimestre de 2023.De esta forma, se reportaron 129 posibles violaciones al cese al fuego (entre afectaciones humanitarias que impactan a la población civil y acciones ofensivas o incidentes armados), sabiendo que el informe no solo tiene en cuenta los dos únicos ceses al fuego oficiales -los del ELN y el EMC- sino también los declarados unilateralmente por otros grupos.Los actores que más violencia han instigado han sido el paramilitar Clan del Golfo, el principal grupo armado del país, a quien la Coordinadora Humanitaria atribuye 65 de las 272 acciones violentas, seguida del Estado Mayor Central (EMC), el principal grupo de disidencias de las FARC, con 54, y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con 23.Por tanto, el informe visibiliza, que a pesar de los intentos de paz en Colombia, se han incrementado "los impactos de la guerra contra la población civil", entre otros asuntos porque no se está aplicando el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y no hay concreción en las acciones prohibidas por los ceses al fuego.De ese modo, desde la Coordinadora Humanitaria llaman a un cese al fuego multilateral y de hostilidades, que concrete las acciones prohibidas en sus protocolos y de ese modo "permita proteger la vida de la población civil".
La Sala de Reconocimiento de la JEP anunció recientemente un cambio de metodología en la investigación de los falsos positivos, pues ya no solo se investigará por zonas del país, sino que también se empezó a tratar de determinar responsabilidades a nivel nacional en estos casos de ejecuciones extrajudiciales.Y este lunes, 22 de abril, la JEP decidió llamar a cuatro generales que fueron inspectores del Ejército y del Comando General de las Fuerzas Militares, entre los años 2005 y 2009.“Estos cuatro generales retirados, vinculados a la investigación nacional del Caso 03, han sido mencionados, o bien, en otras versiones de comparecientes en el marco de la instrucción de los subcasos priorizados en la primera fase de la investigación; o en los informes de organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos entregados a la Jurisdicción”, señaló la JEP.Los cuatro generales que han sido llamados a rendir versión son Carlos Orlando Quiroga Ferreira, quien fue inspector general del Ejército en 2006; Eduardo Behar Benítez, inspector general del Comando General de las Fuerzas Militares entre 2006 y 2008; Carlos Omairo Lemus Pedraza, inspector general y jefe de estado mayor del Ejército entre 2005 y 2008 y Carlos Arturo Suárez Bustamante, jefe de operaciones e inspector general del Ejército y del Comando General de las Fuerzas Militares entre 2006 y 2010.Carlos Suárez Bustamante fue considerado como el general que se encargó de investigar y posteriormente denunciar a militares que llevaron a cabo falsos positivos en diferentes zonas del país, recientemente, en una entrevista con Blu Radio, fue salpicado por sus presuntas alianzas con el paramilitarismo.Según el cabo en retiro Néstor Gutiérrez, quien ha aceptado su responsabilidad en falsos positivos, el general Suárez Bustamante habría tenido, presuntamente, alianzas con el paramilitarismo."Tenía vínculos -Suárez Bustamante- directamente con Ramón Isaza, yo me acuerdo que había una finca en Doradal, Antioquia, que le llamaban la culebra y de Doradal hacia adentro ellos tenían un campamento de entrenamiento y normalmente llegábamos las tropas del Batallón Bárbula a descansar ahí", narró Gutiérrez.Las diligencias de los cuatro generales se van a realizar los días 15 y 16 de mayo, 22 y 23 de mayo, 4 y 5 de junio y 12 y 14 de junio.
Al despacho del magistrado Roberto Vidal, presidente de la JEP, llegó una carta firmada por Wilmer Andrey Pérez, en representación de la Asociación Casa Paz. En el documento, Pérez se refiere a algunas inconformidades que han tenido las víctimas de los falsos positivos en Casanare con el proceso ante la jurisdicción.Este grupo de víctimas asegura que ha llegado a la JEP esperando obtener verdad, justicia y reparación. De esta manera, asistieron a las versiones de los comparecientes, a las audiencias y a los talleres programados por la jurisdicción, pero han dicho que después de tantos esfuerzos se quedaron "con las manos vacías". También, cuestionaron fuertemente las audiencias públicas de reconocimiento, en las que un grupo de militares, entre los que se encuentra el general en retiro Henry William Torres Escalante, reconocieron su responsabilidad por falsos positivos en Casanare. Sin embargo, para las víctimas, estas diligencias no contribuyeron a la verdad plena."El recordar la barbarie, los engaños, mentiras, malos tratos de los militares, e incluso persecución, así como falta de acompañamiento integral y de seguridad, ha agudizado nuestro estrés, ha hecho recurrente el padecimiento de pesadillas, taquicardia, ansiedad por el miedo a nuevas violaciones de seguridad, pérdida del sueño. Asimismo, la falta de justicia y verdad nos ha generado episodios de depresión, agotamiento emocional y disminución de la realización personal, repercutiendo en nuestra salud física a través de fatiga aguda, cefaleas, dolores musculares y enfermedades crónicas como hipertensión arterial, enfermedades coronarias, asma y artritis reumatoide, por mencionar solo algunas. Si la JEP lo desea, podemos adjuntar los documentos clínicos que así soportan esta realidad", le dicen las víctimas a Vidal.Recientemente, la JEP también lanzó un proyecto restaurativo en Bogotá, pues aunque aún no se emiten las primeras sanciones contra exguerrilleros y militares, la jurisdicción, por medio de un proyecto de siembra de árboles, busca que los responsables puedan empezar a trabajar en trabajos y obras restaurativas. Esta situación también generó frustración en las víctimas, según narran en el documento, pues dicho proyecto no fue consultado o socializado con ellos."De usted, señor magistrado, solicitamos su atención. Acudimos al llamado de la JEP con mucha esperanza, con la claridad de que no era un tribunal punitivo y que la reparación, ese concepto tan abstracto, se manifestaría. Pero no. Ni siquiera hubo acompañamiento psicosocial para las víctimas después de una audiencia que nos dejó con más dudas que verdades y con más angustias físicas y mentales. Con una convicción casi firme de que las víctimas no somos la centralidad de este sistema de justicia transicional", señalan en la carta.Por último, reiteran que continúan comprometidos con el camino de la reconciliación, pero insisten en la necesidad de reconstruir el tejido social en el departamento de Casanare y en que los máximos responsables digan la verdad plena y cumplan sanciones que efectivamente se ajusten a los hechos cometidos.
La reciente fractura de las disidencias de 'Iván Mordisco' de las Farc, pone de nuevo en el 'ojo del huracán' los procesos de paz en el país. En diálogo con Mañanas Blu, Camilo González Pozo, negociador del Gobierno, entregó detalles sobre las implicaciones que tiene para el proceso la decisión del grupo insurgente de no continuar con los acercamientos. En los últimos meses, se ha evidenciado una división dentro de las disidencias de las Farc, una facción que surgió tras la firma del acuerdo de paz en 2016. El bloque del Cauca, liderado por 'Iván Mordisco' y aliados de este, han decidido no ratificar los compromisos de la mesa de negociación, lo que ha llevado a la suspensión de las conversaciones con ellos. De acuerdo con Posso, esta fractura representa un desafío para el proceso de paz, ya que los disidentes restantes en la mesa de diálogo representan aproximadamente el 40 al 45% de los integrantes totales de estas organizaciones. Aunque las conversaciones continúan con otros bloques, como el del Oriente, el futuro de los acuerdos de paz es incierto, por el momento. De acuerdo con González Posso, una de las razones principales de esta fractura es la falta de voluntad de los disidentes de avanzar hacia un acuerdo de paz y de permitir la presencia institucional en los territorios."Ellos no aceptan que se desarrolle una suspensión del cese al fuego en el Cauca.No tienen una determinación seria de avanzar en un proceso de paz", dijo en medio de la conversación. Además, la dinámica de confrontación y violencia contra las comunidades ha sido un factor determinante en la ruptura. En ese sentido, contó que considera difícil que se puedan llegara a acercamientos de paz con ellos en este momento, dadas las circunstancias y la falta de voluntad de buscar acuerdos. En cuanto al narcotráfico, que resulta un punto importante en medio de las conversaciones y el conflicto armado en Colombia, Posso enfatizó que si bien es un factor de violencia en Colombia, no es el único responsable de la guerra.Escuche aquí la entrevista completa:
La delegación del Gobierno en la mesa de conversaciones con el ELN viajó el miércoles a Caracas, Venezuela, para el inicio del séptimo ciclo de negociaciones, que se esperaba que arrancara el próximo viernes 12 de abril.Sin embargo, este jueves la delegación de diálogos del ELN publicó un comunicado en el que informa que el ciclo de conversaciones previsto para este mes se suspende, esto, por cuenta de los diálogos regionales propuestos en Nariño que ha rechazado el ELN en varias oportunidades, pero frente a los cuales el presidente expresó su apoyo en su paso por Samaniego esta semana“Durante el mes de marzo las decisiones del gobierno prosiguieron con el doble manejo del proceso de paz con el ELN, en el que asiste a esta mesa de diálogos, mientras por debajo de ella promueve la desmovilización en Nariño, conducta contraria al juego limpio y la buena fe que deben caracterizar las conversaciones de paz, con lo que ha llevado esta mesa a un estado de congelamiento”, se lee en el comunicado.Así las cosas, la delegación de diálogos del ELN llegó ayer a Caracas, para asistir a una reunión extraordinaria con los delegados del Gobierno nacional, con el propósito de escucharlos y aclarar lo que sigue.Cabe recordar que el equipo del Gobierno está encabezado por la jefa de delegación Vera Grabe, el senador Iván Cepeda, monseñor Héctor Fabio Henao, entre otros integrantes.
La Sala de Reconocimiento de la JEP llamó a rendir versión a Salvatore Mancuso, el exjefe paramilitar que deberá entregar información sobre las masacres de La Granja, ocurrida en 1996 en Antioquia, y por la masacre de El Aro, ocurrida en 1997 en Ituango."La Sala de Reconocimiento de la JEP comunicará esta decisión a las víctimas acreditadas en el Caso 08 que deseen participar a través de sus representantes judiciales. La fecha de esta diligencia se dará a conocer en las próximas semanas", explicó la JEP.Esta es la primera versión a la que deberá asistir Mancuso desde que fue aceptado por la JEP y se da en el marco de las investigaciones del caso 08, que indaga por las alianzas entre la fuerza pública y el paramilitarismo durante el conflicto armado.Mancuso fue admitido en la JEP después de varias versiones de una audiencia única de verdad, según los magistrados, hizo un aporte a la verdad que es relevante para las diferentes investigaciones de la jurisdicción.Es importante recordar que ante la JEP, el exjefe paramilitar señaló al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en el homicidio de Jesús María Valle y en la masacre del Aro."Mancuso también deberá brindar información sobre la consolidación de las ‘Convivir’ y detallar cómo a través de estos grupos de vigilancia privados se habrían ejecutado graves violaciones de derechos humanos contra integrantes de movimientos sociales. La sala trasladará a Mancuso Gómez informes de organizaciones de víctimas, sentencias de Justicia y Paz, así como de la justicia ordinaria, que contienen pruebas y testimonios sobre cómo se habrían dado estos hechos y los ocurridos en La Granja y El Aro" explica la JEP.
Este martes, 9 de abril de 2024, murió alias 'Alexa', cabecilla de las disidencias de las Farc en Casanare, en medio de los fuertes combates que se vienen presentando desde de este lunes entre las Fuerzas Militares y las disidencias de 'Iván Mordisco' en zona rural del municipio de Sácama.La cabecilla, sería la pareja sentimental de 'Antonio Medina', quien también pertenecería a las filas de las disidencias de 'Iván Mordisco' que delinquen en Arauca. Él fue expulsado en 2016 por la JEP tras incumplir con los acuerdos pactados en ese año.A través de un comunicado, las disidencias de las Farc confirmaron la muerte de la cabecilla y expresaron que seguirán los ataques contra la fuerza pública: “Pero no nos dejan más opción que las armas para luchar por la liberación de Colombia”, indicó el texto y mencionaron que un hombre perteneciente a la estructura se encuentra desaparecido.Cabe recordar lo dicho por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, que aseguró que las Fuerzas Militares deben estar preparadas y en alerta para contrarrestar los ataques por parte de las disidencias de las Farc.
El alto comisionado de Paz Otty Patiño, entregó detalles en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga sobre la situación actual de las negociaciones de paz en Colombia. Durante la entrevista, Patiño habló sobre los desafíos y retos que se están enfrentando en las conversaciones con el ELN y el Estado Mayor Central de las Farc. En relación a las negociaciones con el ELN, el comisionado explicó que actualmente se encuentran en un punto de congelamiento debido a una crisis interna dentro del grupo guerrillero. Sin embargo, destacó que se espera que una próxima reunión extraordinaria pueda ayudar a avanzar en el proceso y resolver las diferencias. Por otro lado, Patiño mencionó que también se está negociando con el Estado Mayor Central de las Farc, liderado por 'Iván Mordisco'. Sin embargo, señaló que existe fragmentación dentro de este grupo y que se está trabajando para lograr acuerdos con las partes más dispuestas a la paz. "Descongelar este proceso puede ser bueno en el sentido que se pueda avanzar a una discusión sobre el fin del conflicto", dijo sobre los diálogos de paz con el ELN.En cuanto al tema de justicia, el Comisionado destacó la importancia de buscar una solución satisfactoria para todas las partes involucradas. Afirmó que se está trabajando en diversas instancias de justicia, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para lograr una paz duradera y justa. En relación a la implementación del acuerdo de paz de 2016, Patiño reconoció que ha habido dificultades y que se requiere un esfuerzo conjunto para asegurar su cumplimiento. Destacó la importancia de articular los acuerdos de 2016 con las nuevas realidades y grupos armados presentes en el país. ELN pide al Gobierno una "reunión extraordinaria" por "crítico estado" del proceso de pazLa guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió al Gobierno una "reunión extraordinaria" en Caracas a partir del 12 de este mes por el "crítico estado" del proceso de paz que, en opinión de ese grupo armado, está sumido en un "congelamiento".Así se desprende de la misiva publicada este lunes, en la que el ELN manifestó que "en vista del congelamiento en que ha sumido este proceso la doble política de paz del Gobierno", no encuentran "condiciones suficientes para realizar los acostumbrados ciclos de conversaciones" de paz."Para examinar el quehacer inmediato de esta mesa de diálogos de paz, le proponemos al Gobierno realizar una reunión extraordinaria en Caracas a partir del 12 de abril", dijo la guerrilla en la carta enviada a la jefa negociadora de paz del Gobierno, Vera Grabe, fechada 6 de este mes.La guerrilla, que señaló estar lista para enviar sus delegados a Caracas el próximo 11 de abril desde la frontera, propuso que a este encuentro asistan representantes de los países garantes y acompañantes permanentes para que "ejerzan su función de ayuda a las dos partes".Escuche aquí la entrevista: