El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Un informe de inteligencia militar y policial encendió las alarmas en el norte del departamento del Caquetá. Según información recopilada por agencias desplegadas en el sur del país, un integrante de las disidencias al mando de alias ‘Calarcá’ estaría planeando ejecutar una acción terrorista contra la población civil y la fuerza pública en área general del municipio de Puerto Rico.De acuerdo con los reportes conocidos en las últimas horas, el señalado es alias 'Esneider', identificado como Esneider Suárez, quien presuntamente tendría la intención de perpetrar un atentado en una zona frecuentada cotidianamente por habitantes del municipio, con el objetivo de generar afectación indiscriminada y enviar un mensaje de intimidación en medio de la ofensiva militar que se desarrolla en la región.Las líneas de acción criminal que estarían bajo análisis incluyen el uso de explosivos acondicionados en drones, vehículos cargados con artefactos explosivos y el lanzamiento de “tatucos” mediante rampas artesanales. Este tipo de métodos ya han sido utilizados por estructuras armadas ilegales en otras zonas del país y representan un alto riesgo tanto para uniformados como para la comunidad civil.Las autoridades consideran que estos posibles hechos serían una retaliación por la sostenida ofensiva operacional desplegada en los últimos días por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional contra las estructuras de las disidencias en el departamento.Alias ‘Esneider’ pertenece a la estructura ‘Rodrigo Cadete’ y se desempeñaría como cabecilla de la comisión de finanzas en los municipios de Rionegro y Cartagena del Chairá, especialmente en el sector conocido como La Bolsa de Guayas. En esa zona, según la inteligencia, estaría encargado de coordinar actividades relacionadas con el sostenimiento económico de la organización.Información suministrada por fuente humana indica que actualmente se encontraría en zona rural de San Vicente del Caguán, en el sector El Pato, área limítrofe entre Caquetá y Huila. Al parecer, habría llegado a ese punto para apoyar confrontaciones armadas entre la estructura Jorge Suárez Briceño del Estado Mayor de Bloques y Frentes y la estructura Teófilo Forero de la llamada Segunda Marquetalia.En el plano judicial, las autoridades adelantan labores para lograr la plena identificación y judicialización de este actor armado. Además, se tiene conocimiento de que estaría ejerciendo presiones y coacción sobre la comunidad del poblado de Rionegro para forzar la salida del Ejército y la Policía de esa jurisdicción, lo que incrementa el nivel de riesgo para la población.Alias ‘Esneider Suárez’ actuaría bajo órdenes de Juan Antonio Agudelo Salazar, conocido con los alias de ‘Urías Perdomo’ o ‘Cotiz’, señalado como cabecilla principal de la estructura “Rodrigo Cadete” de las disidencias de ‘Calarcá’. Por este último, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 400 millones de pesos por información que permita su ubicación y captura.Desde los diferentes niveles del mando policial y militar se ordenó alertar a las unidades en la región para fortalecer los dispositivos de seguridad, activar planes de reacción y contraataque, y reforzar la red de fuentes humanas con el fin de anticipar y neutralizar cualquier intento de acción terrorista en el departamento del Caquetá.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves en una entrevista televisiva que la liberación de presos que lleva acometiendo Caracas desde diciembre, y que se ha acelerado tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, no es un tema que haya sido discutido con el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump."Este es un tema que no ha estado en la agenda bilateral con los EE.UU. Ha sido una iniciativa de Venezuela desde diciembre de 2025", afirmó tajante Rodríguez en una entrevista concedida a la cadena estadounidense NBC.Al ser preguntada sobre si su Gobierno interino se compromete a liberar a "presos políticos detenidos injustamente", Rodríguez contestó que "absolutamente".La mandataria afirmó que ahora mismo se está dando "un proceso de profunda evaluación del sistema judicial", el cual defendió al asegurar que ha mantenido "la paz en Venezuela""Ese sistema de justicia, con sus logros y sus fallas, protegió la paz de los venezolanos. Sin embargo, hay cosas que corregir. Y sin duda, las corregiremos", añadió.Rodríguez defendió también la ley de amnistía para los casos de los presos políticos desde 1999 que está impulsando su Gobierno y cuyo debate definitivo el Parlamento, controlado por el chavismo, ha aplazado a la próxima semana.Según el Gobierno venezolano se han liberado más de 800 presos desde diciembre, unas excarcelaciones que se aceleraron con la caída de Maduro.Tras el derrocamiento de Maduro a manos de EE.UU., el Gobierno Trump ha concedido el mando de la transición a la exvicepresidenta chavista y asegurado que está supervisando a su Ejecutivo.Por su parte, organizaciones civiles defienden que la cifra de presos liberados estarían en realidad en torno a la mitad de lo que dice el Gobierno interino de Rodríguez.
Dos banderas alusivas al frente ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las Farc, instaladas en el corregimiento de San Vicente, zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, generaron temor entre la comunidad, así como entre ciclistas y turistas que visitan la zona.Concejales del municipio manifestaron su preocupación por la presencia de estos grupos armados, que buscan generar zozobra en un corregimiento reconocido por sus ríos y su oferta turística."Esta situación que se presentó en el corregimiento San Vicente, a solo 20 minutos del casco urbano de nuestro municipio, nos genera gran preocupación, porque San Vicente siempre ha sido un corregimiento pacífico, con mucho turismo y mucho por mostrar. Su gente ha realizado inversiones en glamping, hoteles y estaderos muy bonitos, y cuenta con ríos maravillosos. Que lleguen estos grupos al margen de la ley a generar zozobra nos preocupa profundamente", dijo Luigi Morales, concejal de Jamundí.Por su parte, Rafael Rodríguez, diputado del Valle del Cauca, indicó que estas banderas son un mensaje de control territorial, dado que Jamundí es una zona estratégica del narcotráfico y de los grupos armados. Sin embargo, destacó que en la zona rural se construirá un batallón de alta montaña con el fin de reforzar la seguridad."Expreso mi total respaldo al Ejército Nacional para recuperar el control que se perdió como consecuencia de una fracasada estrategia de seguridad del gobierno nacional. Jamundí y todo el territorio del sur del Valle del Cauca, que colinda con el norte del Cauca, están siendo afectados por los cultivos de coca y la disputa de grupos armados, incluida la presencia del frente Jaime Martínez, por el control de este corredor que conduce al río Naya y al Pacífico", manifestó Rodríguez.Por esta razón, se solicitó a las autoridades locales reforzar la seguridad para garantizar que la comunidad y los visitantes puedan transitar sin riesgos y evitar que la violencia se extienda a otros corregimientos del municipio.
La precandidata presidencial Claudia López afirmó que no haría alianzas políticas ni con Abelardo de la Espriella ni con Iván Cepeda, incluso en un escenario de segunda vuelta presidencial. Así lo señaló durante Recap Blu, en la que fue consultada sobre eventuales pactos para llegar a la Casa de Nariño.López sostuvo que, aunque reconoce que en una segunda vuelta suelen ser necesarias las alianzas —tal como ocurrió con el presidente Gustavo Petro en 2022—, en estos dos casos su respuesta fue contundente. “No”, reiteró, al ser consultada sobre si apoyaría a alguno de los dos.En el caso de Abelardo de la Espriella, la exalcaldesa de Bogotá fue particularmente dura. Aseguró que no tendría ningún tipo de acercamiento político con él, al que calificó como un “defensor de la mafia”. “Aquí lo que queremos es acabar con la corrupción y la impunidad. A la que hay que defender es a la gente, no a la mafia”, afirmó.Sobre Iván Cepeda, López marcó diferencias de fondo, aunque reconoció su integridad personal. “Iván es un hombre decente, me consta, pero eso no basta”, dijo, al argumentar que ni él ni otros congresistas como Paloma Valencia tienen experiencia real en el ejercicio del Gobierno. “La Presidencia no puede ser el primer trabajo público de nadie. Ya vimos lo que pasó con Duque y eso salió mal”, advirtió.La precandidata también cuestionó de manera directa la paz total, de la cual señaló a Cepeda como uno de sus principales arquitectos. Según López, esta estrategia no ha logrado desmovilizaciones ni reducciones significativas de la violencia y, por el contrario, ha coincidido con el fortalecimiento de estructuras criminales y el aumento del reclutamiento de menores. “No ha desmovilizado ni un raponero”, afirmó, al tiempo que comparó estos resultados con los procesos de desmovilización adelantados durante los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.López insistió en que su rechazo a Cepeda no es personal, sino político y técnico. “El país enfrenta crisis de salud, crisis fiscal y una emergencia social y ambiental. El palo no está para cucharas”, señaló.Durante la entrevista, la precandidata también descartó alianzas con otros nombres del escenario político como Roy Barreras, a quien asoció con “corrupción y politiquería”, y Daniel Quintero. Pero se mostró abierta al diálogo con figuras como Clara López, Juan Fernando Cristo y Luis Gilberto Murillo, destacando su experiencia en el servicio público.
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional, le pidió al Gobierno del presidente Gustavo Petro priorizar que la emergencia económica decretada tras la ola invernal se concentre exclusivamente en la atención de las comunidades afectadas y la reconstrucción del territorio.Según la dirigente, la gravedad de la situación exige una respuesta rápida, firme y coordinada del Estado, pero también técnicamente sustentada y focalizada en mitigar los efectos del frente frío que golpea a estas regiones.El decreto expedido el pasado miércoles por el Ejecutivo, le da una serie de facultades al mandatario para crear impuestos que permitan recaudar el dinero pendiente. Según ha dicho el ministro de Hacienda, Germán Ávila, la atención de la emergencia en el corto y largo plazo requiere de al menos $8 billones y una de las medidas sería un impuesto al patrimonio.Sin embargo, para Gutiérrez, “la emergencia no debe convertirse en un vehículo para crear nuevos impuestos, ni para adoptar medidas sin relación directa con la crisis”, sino que debe servir para ejecutar mejor los mecanismos existentes.Ante eso, presentó una serie de propuestas para que sean tenidas en cuenta: una de ellas es que, antes de expedir decretos legislativos extraordinarios, se active plenamente el esquema de gestión del riesgo contemplado en la Ley 1523 de 2012, con medidas como la declaratoria de calamidad pública o desastre que habilita el uso ágil de recursos y acudir a la contratación directa.“También pueden usarse herramientas del presupuesto ordinario: traslados, reprogramaciones, aplazamientos y priorización del gasto. El Estatuto Orgánico del Presupuesto y la Ley 819 de 2003 permiten hacer estos movimientos para responder a urgencias, cuidando la sostenibilidad fiscal”, agregó Gutiérrez.Gutiérrez insistió en esa línea en la importancia de un análisis transparente y detallado de los recursos requeridos así como no descartar apoyos económicos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo.“En vez de crear nuevas cargas fiscales que afecten la competitividad, debe revisarse el uso de partidas presupuestales sin comprometer, que podrían ser jurídicamente compatibles y reorientar parte de esos recursos a la atención inmediata y conjurar los efectos de la emergencia”, dijo Gutiérrez.Por otra parte, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, insistió en la urgencia de atender la emergencia en todos los departamentos afectados tanto por parte del Gobierno como por el apoyo de diferentes sectores que hoy están gestionando donaciones y otro tipo de ayudas.“Para eso estamos en este momento con varias campañas de donaciones en recursos y en especie que estamos canalizando a través de los bancos de alimentos para que le puedan llegar a las personas en el territorio lo antes posible”, dijo el líder gremial.Sobre la medida de emergencia económica que podría incluir un impuesto al patrimonio, Bruce Mac Master dijo que era antitécnica.“Esto en última significa que vamos a generar impuestos también a la generación de empleo. Son impuestos que terminan afectando a los trabajadores y a las familias colombianas. Pues bien, el Estado tiene otras herramientas que debería utilizar”, dijo Bruce Mac Master coincidiendo con Natalia Gutiérrez.Por ahora, el presidente Gustavo Petro descartó la petición de los gobernadores de usar los recursos de regalías hoy sin ejecutar y su Gobierno prepara los nuevos decretos que aclararan cuáles serían los nuevos impuestos.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
El jefe de la delegación del Gobierno nacional en la mesa de diálogos de paz con el ELN, Otty Patiño, envió una carta al director general de la policía, general William René Salamanca, en la que le envían condolencias por la muerte del oficial en el municipio del Tarra, Norte de Santander.“En nombre de la delegación del Gobierno colombiano en la mesa de diálogos de paz con ELN, extendemos condolencias a la familia y a la institución policial por el asesinato del mayor Edison Andrés González Huertas, comandante de la estación de Policía, del municipio de El Tarra, Norte de Santander, en hechos ocurridos este jueves 11 de mayo a las 4:00 p.m. durante el cumplimiento de su misión de seguridad ciudadana”, señaló en el escrito.Para Patiño, es importante que estos hechos no se repitan y agregó: “Queremos aprovechar esta comunicación para insistir en la necesidad de contar en nuestra Delegación con un representante de la Policía Nacional”.Esta carta se da a conocer en medio de los reclamos del ELN en el que piden al presidente Gustavo Petro aclarar si el proceso de paz es serio o no, luego de las declaraciones del mandatario nacional ante la cúpula militar, en las que cuestionó el mando del ELN y las negociaciones con esta guerrilla.Le puede interesar:
Las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, ante la cúpula militar, en las que cuestionó el mando del ELN y las negociaciones con esta guerrilla y en las que aseguró que se les debe cerrar el grifo, con el fin de que esos grupos no compren más armas y engrosen sus filas con menores de edad, no cayeron muy bien en la mesa de dialogo del ELN.El grupo armado ilegal expresó su preocupación por las afirmaciones del jefe de Estado y en un fuerte comunicado le pidieron que cumpla con lo pactado en la mesa de negociaciones.En la misiva, el ELN se refirió a lo que calificaron los cuestionamientos directos a la delegación de diálogos, al igual que al "trato irrespetuoso y estigmatizante de nuestra organización, y la doctrina de seguridad que trazó en la que, según defendió, ya no hay 'conflicto de ideologías ni conflicto social', sino lucha contra las 'economías ilícitas'.Según la organización armada, esto "supone un cuestionamiento de fondo al sentido político de la Mesa de diálogos y a toda su arquitectura, incluyendo la legitimidad de la delegación del Gobierno, los países garantes, las organizaciones acompañantes (ONU y Conferencia Episcopal de Colombia) y los países acompañantes".Para la delegación del ELN, el presidente Gustavo Petro contradice lo acordado en México durante el segundo ciclo de negociaciones.“Para la delegación de diálogo de ELN, el presidente Gustavo Petro contradice el acuerdo de México, que su propio gobierno firmó el pasado 10 de marzo de 2023 durante el segundo ciclo de estas conversaciones. Por tanto, pedimos que de manera urgente el presidente la República, Gustavo Petro Urrego, defina si su gobierno sigue considerando que tal y como reza el acuerdo de México suscrito por las partes y depositaban el garante este es un proceso político serio”, señaló Pablo Beltrán, jefe negociador de esta guerrilla.En el escrito también piden que se evite la estigmatización a este grupo, que según su vocero está trabajando por la paz de Colombia.Le puede interesar:
El exvicepresidente colombiano Francisco Santos tachó este miércoles de "infundio" las declaraciones de Salvatore Mancuso, exjefe de las AUC, quien en una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo acusó de promover la creación de un bloque paramilitar."Durante más de 18 años ese infundio ha sido investigado una y otra vez por infinidad de instancias judiciales sin que haya una sola prueba de su veracidad y no puede haberla porque nunca sucedió", dijo Santos, quien fue vicepresidente de Colombia entre 2002 y 2010 durante el Gobierno de Álvaro Uribe.Mancuso compareció ante la JEP, en una audiencia virtual porque está recluido en una cárcel de EE.UU., para hablar sobre la relación entre los paramilitares y miembros de la fuerza pública en el conflicto armado interno, con la intención de que este tribunal lo acepte en su jurisdicción."Las personas agobiadas por la guerrilla nos pidieron creación de grupos de autodefensas (...) el mismo Francisco Santos solicitó la creación del Bloque Capital", aseguró Mancuso, que no es la primera vez que acusa al exvicepresidente de tener relación con el paramilitarismo.Santos "vino en representación de la oligarquía colombiana en la capital, que estaban preocupados por la presencia de las FARC cerca a Bogotá", advirtió."Hasta sugirió el nombre de Bloque Capital. Eso fue entre 1997 y 1998" , añadió el exparamilitar, quien supuestamente se reunió "varias veces" con él.RESPUESTA DE SANTOSEn ese sentido, el exvicepresidente aseguró que ese "infundio" es publicado "periódicamente coincidiendo con el calendario electoral de turno", en referencia a los comicios regionales que se celebrarán en octubre próximo en Colombia."No me interesa confrontar con un personaje como Mancuso que ha dado infinidad de versiones contradictorias en este y muchísimos otros temas. No soy una persona que rehuya cualquier tipo de debate, pero contrastarme con un personaje como Mancuso no me interesa porque controvertir con él es darle validez a través de mi voz y eso no lo voy a hacer", añadió.AUDIENCIAS PARA APORTAR A LA VERDADLa comparecencia de Mancuso, la "última oportunidad" que le da la JEP, se desarrolla desde hoy y hasta el 16 de este mes en Montería, capital del departamento de Córdoba (norte), y el exjefe paramilitar deberá "superar el umbral de verdad alcanzado en 18 años de investigaciones (de la Ley) de Justicia y Paz, y en la justicia ordinaria", según la JEP.A partir de los aportes "presentes, efectivos, suficientes y, además, novedosos que haga", se resolverá la situación jurídica de Mancuso ante la JEP, añadió ese tribunal creado por el acuerdo de paz firmado con las FARC en noviembre de 2016.Pese a que la JEP lo inadmitió por su rol de paramilitar, pues su jurisdicción es la de juzgar a la guerrilla de las FARC y a agentes del Estado, en febrero pasado ese tribunal le abrió la puerta para que declare como una oportunidad para contribuir la verdad sobre hechos ocurridos durante el conflicto armado colombiano.Le puede interesar: '¿Prometedor futuro para el Atlético Huila?
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso explicó ante la JEP durante al menos siete horas cómo se empezaron a crear las Convivir, Cooperativas de Vigilancia Privadas fundadas en los años 90, que, en algunos casos, resultaron cooptadas por el paramilitarismo.En ese sentido, Mancuso afirmó que el esquema de las Convivir montado en el departamento del Córdoba se terminó replicando en todo el norte del país y que él, utilizando un carnet del Ejército y uniformes de la Policía, fue a diferentes zonas a crear estos grupos; asimismo, este señaló al general (r) Iván Ramírez y al exgobernador Carlos Buelvas porque, presuntamente, habrían tenido participación en la expansión del paramilitarismo. Dijo, incluso, que supuestamente realizó operativos con el general Ramírez.“Llamé al general Iván Ramírez y le dije ‘Don Iván’ tengo una novedad importante que reportarle y pedirle ayuda mi general porque acabamos de retener a la hermana de Simón Trinidad y nos mandaron dos helicópteros encima, quítenos esos dos aparatos de encima y el dijo ‘ya te los quito’ y nos los quitó”, aseguró Mancuso.En el mismo sentido, aseguró que desde departamentos como el Cesar, Magdalena y Córdoba, entre otros, recibían solicitudes de empresarios y políticos para crear Convivir. Aseguró que, supuestamente, el exministro Sabas Pretelt de la Vega y el expresidente de Fedegan Jorge Visbal Martelo serían algunas de las personas que lo contactaron con este fin, incluso hizo referencia al exvicepresidente Francisco Santos.“Francisco Santos vino en representación de la oligarquía colombiana, gremios empresarios y políticos en la capital, estaban preocupados con la llegada de unas estructuras de las Farc, se nos pide la creación de un bloque, hasta sugirió el nombre del Bloque, el Bloque Capital, eso fue en 1998 hubo reuniones varias con él, 'Jorge 40' y yo nos reunimos en el Cesar, se reunió también con diferentes comandantes de las AUC estuvieron en Córdoba reunidos con Carlos Castaño”, aseguró Mancuso.En el mismo sentido, Mancuso explicó que algunas operaciones las habrían hecho conjuntamente entre la Policía, el Ejército, las AUC y las Convivir, pues incluso señaló que desde la fuerza pública filtraban información de inteligencia para que el paramilitarismo hiciera el “trabajo sucio” que no podían hacer otras entidades e instituciones.“Pedro Juan Moreno fue uno de los que asesoró tanto a los Castaño como a mi persona haciendo recomendaciones de que este -las Convivir- eran un mecanismo valioso para consolidar las Autodefensas, que este mecanismo podría ser utilizado para conseguir armamentos, apoyo inteligencia. Pedro Juan Moreno era secretario de gobierno de la Gobernación de Antioquia cuando Álvaro Uribe Vélez era el gobernador y a través de este mecanismo nos dijo ‘van a conseguir armamento incluso se va a aprobar venta de fusiles de guerra’ y yo hice la solicitud hasta por fusiles 556 de guerra por esas recomendaciones de él”, puntualizó el exjefe paramilitar.Por último, Mancuso señaló que incluso en una oportunidad en La Guajira él fue detenido junto a 'Jorge 40' y desde las AUC hicieron contacto con altos mandos de la Policía para que pudieran quedar en libertad.“El coronel Rosso José Serrano dijo ‘llámate a Naranjo’ y Naranjo llamó en ese momento al coronel Danilo González a que nos liberara de allá tuvimos que organizar ese tema con el juez, el fiscal los que estaban ahí presentes y hasta disfrazados de policía tuvimos que salir de ahí y dejamos allá a ‘El Pajaro’ y a ‘El Puma’ nos pidieron eso porque como eso ya estaba reportado”, explicóLe puede interesar: ¿Prometedor futuro del Atlético Huila?
Este miércoles, 10 de mayo, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso rendirá su versión en una audiencia virtual sobre la presunta relación que existió entre paramilitares y miembros de la fuerza pública en el conflicto armado del país.A través de un comunicado, la JEP explicó que Mancuso se presentará de manera virtual "para demostrar que actuó como 'bisagra' o punto de conexión entre los paramilitares y la fuerza pública durante el conflicto” y que de la "calidad de sus aportes dependerá" si se puede someter o no a este alto tribunal.Lo que ha dicho MancusoSalvatore Mancuso señaló que el general (r) Iván Ramírez y el exgobernador de Córdoba Carlos Buelvas habrían pactado presuntamente en la expansión del paramilitarismo. Señala a Jorge Visbal, expresidente de Fedegán, de solicitar la conformación de las Convivir y al exvicepresidente Francisco Santos de instar la conformación del Bloque Capital.“Vinieron solicitudes de todo el país (para crear Convivir) en el Cesar por medio de los Gnecco, en Magdalena varios ganaderos, en los Montes de María Jorge Visbal, Sabas Pretelt de la Vega, en Córdoba, en Sucre”, señaló Salvatore Mancuso.
Tras su última audiencia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas le pidieron al exgobernador Salvador Arana ajustar reajustar su plan de aporte a la verdad y de reparación para las víctimas, con el objetivo de determinar si podría acceder a algún beneficio de la justicia transicional, como la libertad condicional.En los próximos días, Arana deberá entregar nuevamente este documento, sin embargo, las víctimas aseguran que sus aportes a la verdad no han sido completos e incluso consideran que son contradictorios, por lo que le pidieron a la JEP que no le otorgue ningún beneficio hasta que entregue información más detallada; por ejemplo: el caso de la fiscal Paternina, pues las víctimas consideran que, pese a las pruebas, él no ha reconocido su responsabilidad en lo sucedido."Arana no está haciendo un esfuerzo, pues solo reconoce los hechos que más avances tienen en la justicia ordinaria, y como en el caso de mi madre, Yolanda Paternina, la Fiscalía no ha avanzado tanto él no se ve contra las cuerdas y por eso no reconoce el crimen de mi madre", explicó Ketty Paternina, hija de la fiscal.La pruebas en contra de Salvador Arana son contundentes, dice hija del fiscalPor otro lado, Paternina aseguró que Jairo Castillo, alias 'Pitirri', ha aportado información que demostraría presuntamente la responsabilidad de Arana en el caso, por lo que considera que estos datos se deben tener en cuenta y evaluar antes de otorgarle algún beneficio, pues asegura que a pesar de que ha pasado tanto tiempo aún confía en los resultados de la justicia en este caso."Me opongo rotundamente a la salida de Salvador Arana, confío en Dios y en la JEP, pero que verifiquen con lupa las evidencias aportadas, el postulado debe decir solo la verdad y el señor continúa diciendo mentiras; también él manifestó en su última audiencia ante la jurisdicción que estaba de acuerdo en que me protegieran, cosa que veo como un arma de doble filo, ¿por qué? porque él pide que me protejan y no quiero que arremeta contra mi vida y se lave las manos después", señaló Paternina.Por su parte, Juan David Díaz, hijo del alcalde de El Roble, Eudaldo 'Tito' Díaz, aseguró que Arana aún no reconoce que fue una persona con alto poder en las autodefensas, pues, según él, se muestra como una persona que colaboró "porque le tocó" con las autodefensas lo que iría en contra de las pruebas que tiene la justicia."Comienza a negar hechos que son graves e importantes mostrándose como una víctima de esto y eso ha llevado a que sus declaraciones ante la JEP sean o verdades a medias o simplemente mentiras", señaló Juan David Díaz.¿Quién es Salvador Arana y por qué es investigado por la JEP?Salvador Arana, exgobernador de Sucre, reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad en el homicidio del alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz, quien durante un consejo comunal en Corozal ante el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que su vida corría peligro acusándolo públicamente.Eudaldo Díaz reveló en esa ocasión los presuntos vínculos con el paramilitarismo, razón por la cual el exgobernador fue condenado en la justicia ordinaria. Sin embargo, Arana también ha sido señalado e investigado por su presunta responsabilidad en otros casos que aún no han sido esclarecidos, como el homicidio de la fiscal Yolanda Paternina, asesinada mientras investigaba la masacre de Chengue.Le puede interesar: '¿Salto de calidad para el Huila?'