En medio de la creciente tensión política que rodea la reforma laboral y la consulta popular propuesta por el Gobierno, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, lanzó un llamado a la mesura y al respeto en el debate democrático. Durante una entrevista en Mañanas Blu, Eljach aseguró que en Colombia “hemos perdido cualquier noción elemental del buen trato con el contradictor”, subrayando la necesidad de recuperar la civilidad en el ejercicio político.
La polémica surgió luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, criticara la decisión del registrador nacional, Hernán Penagos, de no convocar la consulta popular hasta que las altas cortes se pronuncien sobre su legalidad. Benedetti calificó al registrador como un “operador logístico”, expresión que, según admitió, tuvo una intención peyorativa. Esta afirmación no solo encendió el debate, sino que llevó al procurador a evaluar la posibilidad de abrir una investigación disciplinaria.
Indagación contra Benedetti: “No hemos vacilado en actuar”
El procurador fue enfático en señalar que las expresiones de Benedetti contra Penagos podrían derivar en un proceso disciplinario.
“La Procuraduría puede iniciar una investigación de oficio por hecho notorio o a partir de una queja formal”, indicó Eljach, recordando precedentes como la suspensión del alcalde de Montelíbano por indebida participación en política. “No hemos vacilado en hacerlo cuando las pruebas sumarias lo han ameritado”, puntualizó.
Además, Eljach desestimó la acusación de sedición que sugirió Benedetti sobre el registrador. “La definición de sedición está en el Código Penal y, para mí, no corresponde a la descripción típica de la conducta”, explicó el jefe del Ministerio Público.
Contexto: tensiones por la consulta popular y la reforma laboral
El ambiente político se ha caldeado tras el hundimiento en el Senado de dos consultas populares propuestas por el Gobierno, y la decisión del registrador de dejar en manos de la justicia la convocatoria de una tercera, impulsada por decreto. Este panorama ha generado acusaciones cruzadas entre el ejecutivo y otros poderes del Estado.
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El procurador destacó la importancia de respetar la institucionalidad: “Estamos acudiendo a donde hay que acudir: a la justicia, a la institucionalidad”, dijo. En su opinión, el compromiso alcanzado durante un reciente almuerzo en la Conferencia Episcopal, al que asistieron las principales cabezas de los poderes del Estado, fue un primer paso para mejorar el clima de respeto en el debate político. “Lo que hicimos fue un compromiso por mejorar el tratamiento de nuestras contradicciones en un Estado democrático de derecho”, afirmó.
La crítica al estilo del debate político actual
Eljach lamentó el deterioro del lenguaje en el escenario político. “Hoy la democracia en Colombia está perrateada; hay actitudes que desdicen de lo que debe ser una actitud limpia, sana, de altura”, sentenció. Según el procurador, esta crispación ha llevado a que “la argumentación no transcurra por los canales que siempre ha transcurrido”, y que se sustituya la discusión de ideas por el insulto y la descalificación personal.
El llamado del procurador se enmarca en una defensa del papel de las instituciones y de la necesidad de restablecer códigos básicos de respeto entre los actores políticos. En ese sentido, resaltó la importancia de que los medios de comunicación, el empresariado y las iglesias acompañen este esfuerzo: “El primer paso ya lo dimos; ahora hay que invitar al empresariado, a los medios y a todas las iglesias a caminar juntos por la tranquilidad de la política en Colombia”, expresó.
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Hacia un debate más respetuoso: un reto colectivo
Finalmente, Eljach se mostró esperanzado en que los acuerdos alcanzados en la Conferencia Episcopal puedan traducirse en un cambio tangible. “Es un tema de mediano y largo plazo, pero el camino ya empezó”, aseguró. Sin embargo, advirtió que los hechos recientes demuestran que aún hay mucho por hacer para recuperar el respeto y la civilidad en la política.
La posible indagación disciplinaria a Benedetti, junto con el compromiso del Ministerio Público de velar por el respeto institucional, se perfilan como los primeros pasos para enfrentar lo que el procurador denomina “la pérdida de la urbanidad en la democracia”.
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