Una investigación previa será llevada a cabo por la Procuraduría General de la Nacióna varios servidores públicos que trabajan en el Ministerio de Salud y Protección Social, la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y varias Empresas Sociales del Estado, ESE, por presuntas irregularidades en la asignación de recursos a 23 de estas empresas ubicadas en los entes territoriales de Cundinamarca, Boyacá y Córdoba.
Las razones específicas de esta investigación se centran en determinar si se han cometido violaciones a las normativas establecidas por la Resolución 2788 de 2022. La Procuraduría busca verificar si hubo incumplimiento de los requisitos que obligaban a crear equipos básicos de salud en modalidad extramural, es decir, fuera de las instalaciones de las ESE.
Además, se investigará si se omitió la presentación de informes financieros a la ADRESy si los criterios utilizados para asignar recursos a las ESE que resultaron beneficiadas en los entes territoriales se llevaron a cabo de acuerdo con las regulaciones y normativas establecidas.
“El Ministerio Público decretó la práctica de varias pruebas tendientes al esclarecimiento de la situación y señaló que la actuación disciplinaria busca determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad”, indicó la Procuraduría.
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